El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha presentado un proyecto de ley urgente ante la Asamblea que busca establecer un control más riguroso sobre los fondos provenientes del extranjero dirigidos a fundaciones, organizaciones no gubernamentales y sociedades. Este movimiento se inspira en acciones similares implementadas en El Salvador, que también han tenido como finalidad el combate al lavado de activos.
La propuesta, titulada “Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales”, tiene como objetivo reforzar los mecanismos de supervisión financiera sobre estas entidades. Estas organizaciones han sido acusadas de carecer de controles apropiados y, por ende, de ser potencialmente utilizadas para actividades ilegales, como el lavado de dinero y la desestabilización política.
Noboa sostiene que algunas ONG y fundaciones internacionales han actuado como vehículos para introducir recursos con finalidades que amenazan la estabilidad del país. Sin embargo, no ha ofrecido detalles concretos sobre estos intentos de desestabilización. En ocasiones anteriores, ha insinuado que ciertos grupos políticos de oposición han recibido financiamiento externo para generar disturbios, especialmente durante el proceso electoral que le llevó a la presidencia.
Si esta ley es aprobada, se obligará a las organizaciones a presentar informes financieros auditados, detallando el origen de sus recursos, identificando a los beneficiarios y documentando los proyectos que ejecutan. Las autoridades financieras tendrán la facultad de revisar los fondos que reciban, y aquellas entidades que no cumplan con estos requisitos enfrentarán sanciones.
Este proyecto se enmarca en un contexto regional donde otros gobiernos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, han implementado medidas similares para restringir la recepción de fondos por parte de organizaciones sociales. Aunque el texto reconoce la importancia de estas entidades en el desarrollo del país, también advierte que su financiamiento, tanto nacional como internacional, las expone a ser utilizadas con fines ilícitos. Además, se aclara que las nuevas medidas no deben ser utilizadas para la persecución política ni para restringir la libertad de asociación.
César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, ha expresado su preocupación respecto a las posibles implicaciones de esta propuesta, sugiriendo que puede ser usada como una herramienta para silenciar voces críticas, ya que podría aplicarse de manera indiscriminada a cualquier tipo de organización.
El gobierno estima que existen alrededor de 71,000 organizaciones sin fines de lucro en Ecuador, aunque aproximadamente 10,000 de ellas estarían inactivas. En caso de ser aprobada, estas entidades dispondrán de seis meses para adaptarse a la nueva normativa. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para debatir y tomar una decisión sobre el proyecto. Si no se actúa en este tiempo, la ley entrará en vigencia de manera automática, constituyendo así la cuarta ley económica urgente que el oficialismo intentará aprobar en un corto periodo, beneficiándose de la mayoría legislativa que tiene en la actualidad.
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