México ha obtenido una prórroga de 90 días para los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, un respiro que, según especialistas, no debe ser malinterpretado como un acuerdo definitivo. Este tiempo adicional se presenta como una oportunidad limitada para negociar en un clima que se torna cada vez más complejo.
Los analistas, en el programa de análisis de Aristegui en Vivo, señalaron que, además de los aranceles, Estados Unidos comienza a ejercer presión mediante barreras no arancelarias: inspecciones más estrictas, cambios regulatorios y potenciales sanciones comerciales. Esto aumenta la urgencia para que México defina una postura firme. Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa, expresó que México ocupa una posición central en la estrategia de Estados Unidos para contrarrestar el ascenso de China, no solo en lo comercial, sino también en una disputa más amplia por el liderazgo político y económico global.
La demanda es clara: México debe adoptar una postura más estratégica y coordinada ante la coyuntura actual. Moreno enfatizó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no es un evento aislado. Es un conflicto por la supremacía tecnológica, energética y económica, donde México podría desempeñar un papel importante como socio preferente. La prórroga de 90 días, si bien ventajosa para el gobierno de Claudia Sheinbaum, requiere ser utilizada con astucia para posicionarse adecuadamente y evitar sanciones prolongadas.
No obstante, no se puede perder de vista que este margen de maniobra puede no bastar si no se implementan políticas claras. Según Moreno, la inversión extranjera directa no puede depender únicamente de incentivos fiscales; es fundamental contar con certeza jurídica. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el IMCO, subrayó que aunque la prórroga es alentadora, no es una solución definitiva. Pese a esta ventana, asegura que las reglas del comercio internacional han cambiado, respondiendo más a dinámicas geopolíticas que a normativas multilaterales, y advierte sobre el uso del comercio como herramienta de presión política.
Ocampo también criticó los acuerdos comerciales de México con Europa y Japón, señalando que son lejanos de ser libres. Si Estados Unidos solicita la reducción de barreras no arancelarias, México debe exigir condiciones equitativas. La necesidad de armonizar regulaciones y evitar medidas proteccionistas, como aquellas relacionadas con normativas sanitarias, es imperativa.
Ambos expertos coinciden en que México enfrenta limitaciones estructurales en el aprovechamiento del nearshoring, es decir, la relocalización de cadenas de suministro más cerca de Estados Unidos. Entre estas limitaciones destacan la falta de infraestructura, organismos reguladores débiles y una inseguridad jurídica que podrían desviar inversiones hacia países como Vietnam, Malasia o India.
La crítica recae sobre el debilitamiento de las instituciones que regulan el mercado y garantizan la competencia. Sin organismos autónomos y un sólido Estado de derecho, un acuerdo comercial no se sostendrá. Mientras Estados Unidos impulsa subsidios e inversiones estratégicas para fortalecer su industria, México sigue atrapado en una visión de corto plazo. Concluyendo, no se trata de copiar el modelo estadounidense, pero es fundamental reconocer que el comercio global está en un punto de redefinición y que México no puede permitirse quedarnos al margen.
Este periodo de prórroga debe ser interpretado como un llamado urgente a la acción. En vez de un triunfo, representa una tregua condicionada, y si no se actúa con seriedad, las consecuencias en el futuro podrían ser más severas. En este contexto, es esencial que el nuevo gobierno construya una política industrial moderna, que integre la participación del sector privado, la academia y la sociedad civil. De no hacerlo, la ventana de oportunidad se cerrará rápidamente.
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