El panorama de la libertad de expresión en Campeche ha sido ensombrecido por la reciente imposición de censura judicial al medio digital Tribuna Campeche. Esta medida fue dictada por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, quien se encuentra al frente del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial. La resolución judicial prohíbe al medio publicar cualquier contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores San Román y, además, requiere que el medio entregue en un plazo de 48 horas los datos de su community manager con el propósito de “verificar” lo que se difunde en las redes sociales.
Esta decisión ocurre en un contexto tenso, donde se desarrolla un proceso penal contra Tribuna Campeche y su director, Jorge Luis González Valdéz. Se les acusa de incitación al odio hacia la mandataria estatal, una acusación que se basa en publicaciones realizadas entre 2021 y 2025. La situación ha generado gran preocupación, dado que muchos interpretan estas acciones como un intento por silenciar cualquier crítica a la administración estatal, especialmente en la víspera del Cuarto Informe de actividades de la gobernadora, programado para este viernes.
Ante este preocupante escenario, Tribuna Campeche ha decidido suspender toda publicación relacionada con la gobernadora mientras dure esta restricción. La jueza impuso también una multa de 5,657 pesos en caso de que se incumpla con la orden, lo que ha llevado a la organización editora, Organización Editorial del Sureste, a adoptar una postura cautelosa en sus publicaciones.
La contradicción en las declaraciones de la jueza, quien afirmó que no se está restringiendo la libertad de expresión, ha suscitado indignación en el medio, que considera que esto representa un grave ataque a la crítica y a la función periodística. Además, la organización internacional Artículo 19 ha expresado su preocupación acerca del uso del sistema judicial en Campeche para imponer medidas que limitan la libertad de expresión.
Esta situación resalta la fragilidad de la prensa en el contexto actual y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el respeto a la figura pública y el derecho a la crítica y la información. Las implicaciones de este caso podrían ser significativas no solo para la gobernadora, sino también para el estado de la libertad de prensa en México en general. La fecha de esta información corresponde a 2025-07-31 23:38:00, y es crucial recordar su marco original al evaluar el desarrollo de estos acontecimientos en el futuro.
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