Con la culminación del periodo vacacional, el personal del Poder Judicial de la Ciudad de México retoma sus actividades en un contexto marcado por un paro laboral que ha evidenciado serias inconformidades entre los trabajadores. Este paro, que se inició el 29 de mayo y se extendió por 43 días, movilizó a cerca de 11,000 empleados que demandaron un aumento salarial del 7%, además de mejores condiciones laborales, un aligeramiento de la carga de trabajo, y la basificación de aquellos que llevan años en la incertidumbre laboral. También se buscaron reconocimientos relacionados con la antigüedad y una participación activa en la planeación presupuestal, así como un bono adicional.
A pesar de los compromisos establecidos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, los trabajadores continúan expresando su descontento, alegando que los acuerdos alcanzados en julio no se han cumplido cabalmente. Entre las promesas no cumplidas se encuentra el pago de horas extras, una de las principales demandas que originó el paro. Esta situación ha generado un clima de frustración que recae en la administración de Guerra Álvarez, quien ha enfrentado críticas desde que asumió el cargo en 2019.
El paro exacerbó el problema del rezago en la atención de expedientes, que ya era evidente antes del mismo. Durante los 40 días de suspensión de labores, se estima que se dejaron de atender aproximadamente 48,000 audiencias, un millón 440,000 promociones y se afectó a más de 4.8 millones de personas en el proceso judicial.
Comparando las cifras de los primeros cuatrimestres de 2024 y 2025, se observa una disminución significativa en la actividad judicial. En 2024, ingresaron a los juzgados 111,077 expedientes, mientras que en 2025 la cifra fue de 97,963. Los procesos iniciados también mostraron un descenso, de 77,172 en 2024 a 59,196 en 2025. Además, se registraron 10,552 menos sentencias emitidas en 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este panorama resalta las evidentes dificultades que enfrenta el Poder Judicial, no solo en términos de recursos humanos sino también en el cumplimiento de sus funciones esenciales de administración de justicia. Las inquietudes de los trabajadores, unidas a la falta de cumplimiento en las promesas realizadas, configuran un escenario complicadísimo para el sistema judicial en la Ciudad de México.
Recientemente, los datos disponibles reflejan que la efectividad del Poder Judicial ha disminuido, con menos audiencias programadas y una caída en el número de sentencias causadas. Esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute directamente en la ciudadanía, la cual se encuentra en una espera indefinida de justicia, con más de 4 millones de personas implicadas en trámites que se ven gravemente afectados por esta crisis administrativa.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original, el 3 de agosto de 2025, sin actualizaciones posteriores a esa fecha.
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