Durante el primer semestre del 2025, autoridades federales en México llevaron a cabo una importante operación de retención precautoria que resultó en la incautación de 4,265.8 toneladas de productos pesqueros considerados ilegales. Estas acciones se desarrollaron en 18 estados del país, bajo la dirección de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y con el apoyo crucial de la Secretaría de Marina (Semar).
El informe detallado de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Conapesca indica que los decomisos se realizaron en una amplia variedad de estados, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Esta operación se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de inspección y vigilancia en las aguas y territorios mexicanos.
Entre los hallazgos más relevantes de los operativos, se reportó la confiscación de 7,689 artes de pesca que no cumplen con las normativas establecidas. Además, se procedió a la retención de 220 vehículos, 79 motores de embarcaciones, 107 embarcaciones menores y 4 embarcaciones mayores, evidenciando así la extensión de las actividades irregulares en el sector pesquero.
Durante este semestre de intensas labores, las autoridades también realizaron 1,301 recorridos acuáticos y 7,955 recorridos terrestres, además de instalar 1,450 puntos de revisión, en un esfuerzo por prevenir delitos relacionados con la pesca. Como parte de estos operativos, 15 individuos fueron presentados ante el Ministerio Público por su involucramiento en estas actividades ilegales.
Cabe destacar que esta problemática no es nueva. Investigaciones previas, como las realizadas por el Instituto Brookings, han señalado la existencia de organizaciones del crimen organizado que explotan la vida silvestre marina en México, dirigiéndose hacia mercados internacionales, como es el caso de China. El informe destaca la participación de grupos criminales, en particular el Cártel de Sinaloa, que buscan controlar tanto la pesca legal como la ilegal a lo largo de toda la cadena de suministro.
La situación ha llevado incluso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a imponer sanciones en 2024 a miembros del Cártel del Golfo por actividades relacionadas con la pesca ilegal y el tráfico de drogas, subrayando la gravedad del problema y la necesidad de acciones contundentes.
Para cualquier denuncia sobre actividades sospechosas o ilegales en el ámbito pesquero, la Conapesca ha puesto a disposición de la ciudadanía una línea telefónica, atendida las 24 horas del día, donde se pueden realizar reportes o quejas en tiempo real.
Este conjunto de acciones refleja el compromiso de las autoridades federales para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marítimos del país, una labor vital para la sustentabilidad y el bienestar de nuestras costas. La vigilancia y regulación en este sector es esencial no solo por motivos económicos, sino también por la preservación del ecosistema marino, que enfrenta constantes amenazas.
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