Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupción de una amplia gama de colores políticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que había usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operación secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupción del partido que gobernaba en esos momentos en España.
El juez Manuel García Castellón, que instruye el caso desde hace más de dos años, resumió el contenido de las pesquisas desarrolladas hasta ahora en un auto firmado el pasado 31 de mayo, en el que denegaba una serie de diligencias que pedía la Fiscalía. Su relato es el que sigue:
Una trama para robar material sensible. “La trama, desde la provisionalidad de este momento procesal, puede afirmarse que habría consistido en la captación y manipulación de Sergio Javier Ríos Esgueva, a la sazón conductor de Rosalía Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP, Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez, como colaborador informante del Cuerpo Nacional de Policía, para obtener de dicho colaborador, en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, información concreta sobre el lugar en el que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material documental, relacionado con el referido partido político y altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribución mensual con cargo a gastos reservados y el acceso de Sergio Javier Ríos Esgueva al Cuerpo Nacional de Policía a modo de recompensa, con el fin de acceder a dicho material antes de que fuera conocido por la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el seno de la pieza separada de las diligencias previas 275/08 del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.
El juez se atreve a afirmar, indiciariamente, que la operación policial se pagó con fondos reservados, incluyó regalar un puesto de funcionario en la policía al confidente y consistió en robar documentación, “antes de que fuera conocida” por el juez que investigaba la financiación ilegal del PP. Todo esto ocurrió cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta y, por tanto, controlaba el ministerio desde donde presuntamente se ejecutó la operación.
