El exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra, fueron detenidos la madrugada de este domingo en el municipio de Linares en el Estado de Nuevo León, según han confirmado fuentes del Gobierno federal a Columna Digital. El exfuncionario es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del delito de “operaciones con recursos de procedencia ilícita” y llevaba al menos tres meses prófugo de la justicia. Un juez federal había emitido la orden de aprehensión contra los dos el pasado 1 de marzo y el Ministerio Público había solicitado a Interpol que publicara una ficha roja. Sandoval, del Partido de la Revolución Institucional (PRI), gobernó Nayarit entre 2011 y 2017 en un oscuro periodo que dejó una estela de desapariciones forzadas, personas torturadas y familias despojadas de sus viviendas.
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Al emitir la orden de detención en marzo, el juez había considerado que tanto el exgobernador como su hija habían realizado una cantidad “desmesurada” de operaciones “en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit”. El magistrado dijo además que era posible que los dos contaran “con una alta capacidad económica” para huir de la justicia y era probable que tuvieran ”nexos con un grupo delictivo organizado”. La de marzo era la cuarta orden de aprehensión contra el exfuncionario. En noviembre de 2020, cuando un tribunal estatal solicitó llevarlo ante la justicia, las autoridades de Nayarit reportaron que Sandoval ya no se encontraba en la entidad. Desde entonces, se desconocía el paradero.
Tanto el Ministerio Público mexicano como el Gobierno de Estados Unidos pusieron el ojo en Sandoval después de que acabara su Gobierno, por haber acumulado una riqueza que no era compatible con sus ganancias como funcionario público. Mucho se hablaba entonces de los gastos del exgobernador. Fanático de los caballos, su fortuna se especulaba entonces en cientos de estos animales de alta pureza. Una pasión cara que le terminó jugando en contra a su familia, la FGR ligó a su hija con el caso a través de la fundación de equinoterapia que dirige, ya que sospecha que se utilizó para desviar recursos y lavar dinero de origen ilícito.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó en 2019 al exgobernador de cometer “graves violaciones a los derechos humanos”, enriquecerse ilícitamente y de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información y protección. “Sandoval Castañeda se ha involucrado en una variedad de actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y la recepción de sobornos de organizaciones mexicanas de narcotráfico, incluido el Cartel Jalisco Nueva Generación”, dijo en un comunicado al emitir sanciones contra el exfuncionario mexicano. El Gobierno estadounidense también señaló entonces a su hija, Lidy Alejandra, junto a su hijo, Pablo Roberto, y su esposa, Ana Lilia López Torres, por seguir “disfrutando de los beneficios ilícitos provenientes de los esquemas de corrupción”.
El exgobernador fue vinculado además a Edgar Veytia, quien dirigió la Fiscalía del Estado durante su Gobierno tras ser nombrado por el propio Sandoval. Veytia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, orquestó bajo la protección de Sandoval una red de despojos y secuestros que dejaron al menos un millar de desapariciones y abrió las puertas a los diferentes cárteles en la zona, entonces disputada por el Cartel de Sinaloa, el de Jalisco y los Beltrán Leyva. Durante su juicio, en 2019, el exfiscal mexicano se declaró culpable de haber instigado el tráfico de drogas desde México a Estados Unidos. Ese proceso judicial ha dejado dudas latentes sobre cuánta responsabilidad por las operaciones delictivas recayó en el gobernador y si era posible que desconociera el régimen del terror al que fue sometido su Estado cuando él era la máxima autoridad.
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