La coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, ha realizado un llamado a la Comisión de Justicia de la LXXVI Legislatura para que se dictaminen las iniciativas pendientes sobre el maltrato animal. Su intención es que este tipo de comportamiento sea clasificado como delito grave, evitando así que aquellos responsables enfrenten sanciones mínimas o únicamente multas simbólicas.
Arreola Ruiz recordó que, en su momento, cuando Ernesto Núñez Aguilar fue diputado local, se aprobó una ley que penalizaba el maltrato animal y establecía sanciones concretas para los infractores. En este contexto, enfatizó que el endurecimiento de las penas es esencial para eliminar la impunidad que rodea a estos casos.
Durante su primer año en la actual Legislatura, Arreola presentó una propuesta que aumentaría la sanción en dos años adicionales si el agresor es un servidor público. Este enfoque busca responsabilizar aún más a quienes ocupan cargos de autoridad: «Por ejemplo, si la pena es de seis años, se elevaría a ocho si la persona es un servidor público. Nadie debe estar exento, pero como servidor público tienes una doble responsabilidad», indicó la legisladora.
Sin embargo, el estancamiento legislativo ha permitido que casos recientes, como el de un policía auxiliar que maltrató a un perro parapléjico en un plantel del Instituto para la Capacitación del Trabajo en el Estado de Michoacán (Icatmi), no reciban la pena de prisión que merecen. Arreola Ruiz condenó este acontecimiento y exigió acciones contra el responsable, así como contra cualquier individuo que cometa actos de crueldad animal.
La Comisión de Justicia, presidida por la morenista Anabet Franco Carrizales, ha sido criticada por su baja productividad. Pese a recibir el 80 % de los casos, solo avanza en aquellos que coinciden con los intereses del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, lo que genera preocupación sobre la atención que se brinda a los temas de justicia animal.
Con este contexto, se espera que se intensifique el debate y la acción legislativa para garantizar la protección de los animales y la corresponsabilidad de quienes, desde una posición privilegiada, podrían abusar de su autoridad. La lucha contra el maltrato animal no solo requiere de leyes más estrictas, sino de un compromiso firme que asegure que la justicia sea real y efectiva.
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