La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tomado una firme posición respecto a las prácticas de exhibición de precios en la plataforma PlayStation Store de Sony. En respuesta a un notable número de quejas de consumidores, que alcanzó cientos, la Profeco ha instado a la empresa a que sus precios sean presentados en pesos mexicanos y en términos claros que incluyan el monto total a pagar.
Este requerimiento se enmarca en el contexto de las normativas que rigen la conducta de proveedores en México. Según el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), toda información relacionada con los productos, incluida la publicidad, debe estar en español y los precios deben presentarse en moneda nacional, de manera que sean comprensibles y legibles. Esta disposición aplica tanto a productos de fabricación nacional como a aquellos de origen extranjero.
La Profeco ha advertido que la violación de estas normativas puede llevar a sanciones si no se corrigen las inconsistencias. En particular, se destaca que el total a pagar debe incluir no solo el costo base del producto, sino también todos los impuestos, comisiones y diversos cargos adicionales. Según el artículo 7 Bis de la misma ley, es obligación del proveedor mostrar de manera visible el monto final a cubrir para que el consumidor esté plenamente informado.
Hasta el momento, la Profeco ha recibido más de 100 denuncias a través de distintos canales de comunicación, incluyendo correo electrónico y líneas telefónicas, y ha instado a los consumidores a que formalicen sus quejas para que se tomen las acciones pertinentes.
Esta medida resalta la importancia de la transparencia en las transacciones comerciales y pone de manifiesto el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos del consumidor. La Profeco ofrece diversas vías de contacto para que quienes se sientan afectados puedan hacer valer sus quejas, reafirmando así su papel como defensor de los derechos de los compradores en el país.
Es crucial que los consumidores estén al tanto de sus derechos y que las empresas cumplan con la normativa, garantizando una experiencia de compra justa y transparente. La atención a las demandas de los usuarios no solo es una obligación legal, sino también una práctica que beneficia a la imagen y confianza hacia las marcas en el mercado.
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