En cada entrega de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subraya que la transparencia en México continúa siendo más una promesa que una realidad. Las cifras más recientes, correspondientes a 2024 y el primer corte de 2025, son alarmantes: más de 51,000 millones de pesos se encuentran pendientes de aclaración, siendo estados y municipios los principales actores en el desorden administrativo.
La preocupación no radica solo en la magnitud de la suma, sino en la repetición sistemática de las irregularidades. Año tras año, los sectores de educación, salud e infraestructura siguen concentrando las anomalías. Surge la pregunta: ¿por qué el gasto federalizado, que debería ser el más vigilado, sigue envuelto en la opacidad? La respuesta nos lleva a cuestionar la existencia de mecanismos correctivos y la voluntad política necesaria para implementar cambios reales.
David Colmenares Páramo, actual titular de la ASF, ha defendido su gestión utilizando cifras sobre la recuperación de fondos y el uso de tecnologías avanzadas. No se puede subestimar que se haya auditado a más de 1,000 municipios y que la inteligencia artificial se utilice para identificar irregularidades. Sin embargo, el desafío va más allá de los aspectos técnicos; es, fundamentalmente, un problema institucional. La ASF tiene la capacidad de señalar las fallas, pero carece del poder de sancionar. A medida que las observaciones se acumulan, los responsables a menudo eluden las consecuencias de sus actos.
Particularmente preocupante es que muchas de estas observaciones están sujetas a prescripción. Parece que el equipo de Colmenares ignora que el plazo para investigar e imponer sanciones es de cinco años. La auditoría de Emilio Barriga Delgado, responsable del área de Auditor Especial del Gasto Federalizado, se encuentra perseguir a presuntos responsables de irregularidades de 2016 y 2017, un desafío que, además, ha conducido a la prolongación indebida de ciertos procesos.
Las auditorías cruzadas, que deberían ofrecer una visión integral, han resultado en un caos en la fiscalización y en la responsabilidad resarcitoria. La mediocridad e ineficacia de los equipos de investigación reflejan una situación crítica en materia de rendición de cuentas.
No debemos olvidar que la rendición de cuentas no puede ser un asunto exclusivo de la capacidad técnica de la ASF. Se requiere una arquitectura legal robusta que no solo obligue a corregir y sancionar, sino que también prevenga futuras irregularidades. Es esencial que los informes no queden archivados en el Congreso, sino que se traduzcan en acciones concretas.
Año tras año, se detectan miles de millones sin aclarar y, lamentablemente, las circunstancias permanecen inalteradas; esto pone en tela de juicio la eficacia de la ASF. La situación exige atención urgente y, más importante aún, acciones decisivas.
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