El Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México ha tomado una decisión contundente al negar un amparo solicitado por Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). A través de este recurso legal, Lozoya buscaba desestimar las acusaciones que enfrenta relacionadas con la venta de la planta inactiva de Agronitrogenados a la petrolera estatal, un caso que involucra a la empresa Altos Hornos de México, liderada en su momento por Alonso Ancira. Este empresario, que había alcanzado un acuerdo reparatorio, incumplió sus compromisos, complicando aún más la situación.
El tribunal, de manera unánime, ratificó la resolución emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal. Este juzgado había decidido no considerar la prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que Lozoya argumentaba en su defensa. La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado una pena de 15 años de prisión para el exfuncionario, destacando la gravedad del caso.
Las raíces del escándalo se remontan a 2013, cuando Lozoya y Ancira realizaron un acuerdo para la compra de la planta de producción de fertilizantes, la cual llevaba más de dos décadas fuera de operación. La FGR ha acusado a Lozoya de haber recibido sobornos por un total de 3.4 millones de dólares para facilitar dicha transacción.
Paralelamente, Alonso Ancira, tras firmar un acuerdo de indemnización al Estado mexicano de más de 200 millones de dólares, ha tratado de evadir sus responsabilidades y ha presentado recursos legales para cancelar el pacto. Durante una reciente conferencia, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, reiteró que el acuerdo firmado con Pemex ya no es válido y que continuarán las acciones legales para asegurar que Ancira responda por sus actos, buscando activamente su captura a través de cooperación internacional.
En un giro a la situación, Lozoya actualmente se enfrenta a las acusaciones desde su hogar. Un tribunal decidió concederle una medida cautelar que le permite estar fuera del Reclusorio Norte, donde estuvo detenido desde noviembre del 2021. Esta medida ha sido criticada por la Fiscalía General, que lamentó la decisión y externó su preocupación sobre lo que consideran privilegios otorgados al exfuncionario durante la administración de Enrique Peña Nieto.
El caso, que continúa generando gran interés mediático y público, subraya la complejidad de la justicia en cuestiones de corrupción en México y plantea interrogantes sobre la rendición de cuentas en altos niveles del gobierno. La lucha por esclarecer estos hechos sigue en curso y promete ser un tema candente en el panorama político y judicial del país.
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