Genaro García Luna denuncia abusos en cárcel

El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, actualmente enfrenta una condena de 39 años de prisión en Estados Unidos, tras ser declarado culpable de proteger al infame cartel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos. A pesar de su rol como figura clave en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, las revelaciones sobre el trato que ha recibido en prisión son preocupantes.

Según su defensa, García Luna no tuvo acceso a sus abogados durante ocho meses y sufrió condiciones de vida severamente restrictivas en la cárcel USP Lee de Virginia. Allí fue colocado en una unidad de aislamiento, donde no recibió sanciones disciplinarias, lo que plantea interrogantes sobre la justificación de su situación. Durante esa etapa, le fue imposible ducharse, afeitarse o incluso usar cubiertos para comer; su ropa se limitaba a una simple muda de ropa interior, lo que resultó en una pérdida de 17 kg.

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Desde diciembre de 2024, el exfuncionario tampoco pudo revisar sus materiales legales, un hecho que su defensa ha denunciado como un obstáculo considerable en la preparación de su apelación. En un documento presentado ante la corte de apelaciones, su abogada, Valerie A. Gotlib, argumentó que la falta de acceso a su cliente ha causado un “perjuicio indebido y extremo”, lo que complicaría enormemente la presentación de su escrito inicial.

En junio, García Luna fue trasladado a FTC Oklahoma y posteriormente a USP Florence ADMAX, donde cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán. En su nueva prisión, las condiciones parecen haber mejorado, pero la falta de acceso a documentos esenciales para su defensa persiste. Esto ha llevado a sus abogados a solicitar una prórroga de tres meses, argumentando que la complejidad del caso requiere más tiempo para preparar su apelación.

El último contacto con su defensa ocurrió el 31 de julio, tras múltiples intentos fallidos desde enero de 2025. Esta situación no solo expone el desafío que enfrenta García Luna en su lucha legal, sino que también plantea preguntas sobre los derechos de los reclusos en el sistema penitenciario estadounidense y la gestión de casos que involucran a funcionarios de alto perfil.

La información sobre su situación se basa en documentos y denuncias presentados ante la corte, reflejando las motrices y problemáticas que acompañan su proceso judicial en Estados Unidos. Estos sucesos continúan generando interés y debate a medida que se desarrollan los acontecimientos en la compleja trama del narcotráfico y la política en México.

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