Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático, o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición, ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.
La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.
Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la reelección es más viejo que la Revolución de Octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.
Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral, de absoluta obediencia al régimen, tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones; y decidir, de antemano también, cuántos asientos tendrá su partido en la Asamblea Nacional; no menos de dos tercios, por supuesto, lo que les garantiza el control absoluto.
