Desde tiempos inmemoriales, se ha dicho que las tres tareas más difíciles en la vida son aprovechar el tiempo, perdonar un agravio y guardar un secreto. Pero, ¿qué ocurre cuando el secreto trasciende lo personal y se convierte en un compendio de la historia de una nación? La preservación de documentos en papel a menudo se presenta como un reto monumental, dado que no disponemos de la comodidad de un simple clic para “guardar” información. En este proceso, la importancia de reunir y ordenar tales escritos se convierte en una celebración crucial.
La historia de la organización documental en México se remonta a 1790, cuando el virrey Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo Conde de Revillagigedo, solicitó al Ministerio de Gracia y Justicia de España la creación del Archivo General de la Nueva España. Su objetivo era garantizar la seguridad de estos documentos, situándolos en el Cerro del Chapulín, donde estarían a salvo de las frecuentes inundaciones de la Ciudad de México. Revillagigedo subrayó en su solicitud la necesidad de “imponer el orden en archivos sumamente confusos”, aspirando lograr un lugar donde la accesibilidad a la información fuera una realidad palpable.
Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, este ambicioso proyecto no se concretó como se esperaba. Finalmente, los documentos fueron trasladados al Palacio Virreinal, lugar donde, aunque más seguro, tampoco lograron la debida organización.
Fue Lucas Alamán, destacado funcionario y ávido conocedor de la historia mexicana, quien en 1823 impulsó la inauguración del Archivo General y Público de la Nación. Aunque la ubicación seguía siendo el mencionado Palacio, ahora de carácter nacional, el caos persistía en la gestión de los legajos.
No fue sino hasta 1872 que Francisco P. Urquidi asumió la responsabilidad de organizar el archivo, un desafío monumental que involucró clasificar 18,480 legajos, empastar volúmenes antiguos y elaborar índices significativos. Este esfuerzo fue un paso fundamental para lograr que el Archivo General y Público de la Nación alcanzara un nivel aceptable de organización.
Con el paso de los años, incluyendo la Reforma y la Revolución, en 1918, el archivo finalmente adoptó su nombre actual, el Archivo General de la Nación. Un decreto presidencial estableció que su funcionamiento dependiera de la Secretaría de Gobernación, aunque parte de sus documentos se resguardaron en la Casa Amarilla, un inmueble que también tenía su peso en la historia del país.
El traslado a la Penitenciaría de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, en 1977 supuso otro capítulo en la vida del archivo. Este edificio, que había visto la injusticia y el sufrimiento, fue considerado por algunos como un inmueble que debería ser destruido. Sin embargo, otros abogaron por su preservación, argumentando que la estructura era parte de la narrativa histórica de la ciudad.
La restauración y posterior reapertura del archivo el 27 de agosto de 1982 marcó un nuevo comienzo, y hoy, en nuestra época actual, es vital recordar que este espacio sigue siendo el depósito cultural más invaluable de la historia mexicana. No se trata solamente de un aniversario que celebrar, sino del compromiso constante a salvaguardar nuestro pasado, nuestros secretos y las verdades inmutables que nos definen.
A lo largo de esta travesía, el Archivo se ha convertido en un pilar esencial para aquellos dedicados a preservar la memoria colectiva y un recurso indispensable para todo aquel que busque explorar el legado de una nación. En un mundo donde la información es efímera, su existencia sigue siendo un testimonio del valor de la historia y la importancia de la documentación estructurada.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
