Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. emitió el viernes un fallo que determina que el presidente Donald Trump no tenía autoridad legal para imponer aranceles generalizados. Este pronunciamiento considera que Trump se excedió en su poder según una ley de poderes de emergencia. A pesar de este fallo, los aranceles permanecerán vigentes hasta mediados de octubre, lo que brinda a la administración de Trump el tiempo necesario para apelar ante el Tribunal Supremo.
En respuesta a la resolución, Trump se comprometió a llevar el caso a la corte más alta de la nación, afirmando en sus redes sociales que si dicha decisión se mantiene, podría “destruir literalmente los Estados Unidos de América”. Este veredicto se interpreta como un revés significativo, que avala en gran medida una decisión previa de mayo de un tribunal de comercio en Nueva York.
La sentencia complica las aspiraciones de Trump para transformar radicalmente la política comercial estadounidense. Los aranceles que ha implementado, junto con su enfoque errático, han agitado los mercados globales, tensado relaciones con socios comerciales y despertado preocupaciones sobre el aumento de precios y una posible desaceleración económica.
La decisión judicial se centra en los aranceles que Trump impuso en abril a prácticamente todos los países con los que EE.UU. mantiene relaciones comerciales, incluyendo a China, México y Canadá. En una maniobra conocida como el “Día de la Liberación”, el 2 de abril, Trump implementó aranceles recíprocos que alcanzaban hasta un 50% para los países con los que EEUU tenía un déficit comercial y un 10% para otros socios comerciales.
Aunque inicialmente estos aranceles fueron suspendidos durante 90 días para facilitar negociaciones comerciales, varios países como el Reino Unido, Japón y la Unión Europea llegaron a acuerdos desfavorables para evitar mayores cargas arancelarias.
Trump defendió estos impuestos, alegando que la duración del déficit comercial estadounidense constituía una “emergencia nacional” y justificando su autoridad al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. En ocasiones anteriores, también invocó esta misma ley para imponer aranceles a Canadá, México y China, conectándolos a cuestiones de inmigración y narcotráfico.
Cabe recordar que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso la potestad de establecer impuestos, incluidos los aranceles. Sin embargo, a lo largo del tiempo, los legisladores han concedido un creciente poder a los presidentes en esta área, poder que Trump ha utilizado de manera decisiva. El tribunal, en un fallo de 7-4, destacó que “parece poco probable que el Congreso tuviera la intención de otorgar al Presidente una autoridad ilimitada para imponer aranceles”.
A pesar de las diversas interpretaciones de la ley, un grupo de jueces disidentes consideró que la legislación de 1977 no representa una delegación inconstitucional de poder legislativo, permitiendo que el ejecutivo ejerza ciertas competencias arancelarias.
No obstante, la administración de Trump podría optar por aplicar aranceles a través de una autoridad diferente, como es la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. No obstante, dicho procedimiento requeriría una investigación del Departamento de Comercio, impidiendo arbitrariedades en la imposición de aranceles.
Esta situación despliega un panorama incierto y desafiante para la agenda económica de Trump en el ámbito internacional y muestra las tensiones inherentes en la estructura de poder federal respecto a cuestiones comerciales.
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