A mediados de abril, el caso de una mujer de 74 años, Carlota ‘N’, desató una controversia en las redes sociales cuando tomó la decisión de defender su hogar a balazos tras haber sido despojada de su patrimonio por invasores. Originaria del Estado de México y enfrentando a supuestos integrantes de una organización delictiva, esta valiente mujer tuvo un desenlace trágico: la muerte de dos personas y la consiguiente prisión preventiva mientras enfrenta un proceso por homicidio. Este hecho ha puesto de relieve el tema de la defensa de la propiedad en un contexto de creciente violencia.
La situación resulta aún más compleja cuando se considera que, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los despojos de bienes a personas mayores son frecuentemente perpetrados por familiares directos. En su reciente Reporte 2024-2025, se revela que el 61% de estos despojos involucran a hijos o hijas como los principales agresores, siendo las viviendas el objeto más afectado en un 41% de los casos. Este tipo de violencia, a menudo silenciada, no solo implica la pérdida de bienes materiales, sino que indica una amenaza al sentido de seguridad, esfuerzo y legado que estas personas mayores han construido a lo largo de sus vidas.
La motivación detrás de los despojos familiares radica en factores como las disputas hereditarias, la precariedad económica, la falta de testamentos claros y una percepción distorsionada que considera que los adultos mayores ya no necesitan sus propiedades. Esta forma de edadismo perjudica la visión que la sociedad tiene sobre su capacidad para administrar su patrimonio y perpetúa el ciclo de despojo y abuso.
El impacto psicológico de tales actos es devastador, ya que la pérdida de un hogar no solo desposee a la persona mayor de un espacio físico, sino que también arranca recuerdos y el sentido de pertenencia. Esto puede llevar a sentimientos de traición, miedo y aislamiento social, sirviendo como un recuerdo agudo del abandono y la falta de respeto que a menudo enfrentan.
A medida que esta problemática se hace cada vez más visible, se vuelve imperativo generar un cambio cultural que reconozca a las personas mayores como titulares plenos de derechos, capaces de decidir sobre su futuro y dignas de respeto en todos los círculos, incluso en el ámbito familiar. La prevención de despojos patrimoniales exige un enfoque integral que no solo aborde los aspectos legales, sino que también se comprometa a transformar la percepción social sobre la vejez, en un esfuerzo por proteger y empoderar a aquellos que han contribuido tanto a la sociedad.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original, y si se desea un contexto o datos más actualizados, se anima a consultar fuentes y estudios recientes en la materia.
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