Los recientes desalojos de viviendas en la Ciudad de México (CDMX) han generado una fuerte controversia y preocupación entre la población. En una acción que ha despertado la atención de los medios y los ciudadanos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado la intención de presentar una propuesta de reforma legislativa con el objetivo de proteger los derechos humanos en este tipo de situaciones.
En la última semana de agosto de 2025, se llevaron a cabo dos desalojos emblemáticos: 26 familias fueron removidas de un inmueble en la calle Tonalá, en la colonia Roma, y 11 familias de un edificio en el Centro Histórico. Las escenas de pertenencias desparramadas en las calles y la angustia de los desalojados han sido evidentes, con personas, incluidas personas adultas mayores, organizándose para manifestarse ante las autoridades. Estas acciones han sido justificadas por el gobierno, que afirma que están en sintonía con investigaciones por despojo.
El conflicto subyacente en estos desalojos se centra en la colisión entre el derecho a la vivienda de los inquilinos y los derechos de propiedad de los dueños legales. Ante esta problemática, el gobierno de la ciudad ha planteado la creación de un protocolo de acción que garantice el respeto a los derechos humanos durante los desalojos. Brugada indicó que ha habido casos en los que se han violentado estos derechos, lo que justifica la necesidad de un marco regulador.
Desde 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal había señalado la urgencia de prohibir el desalojo forzoso, promoviendo una política pública que apoyara a aquellos afectados, especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad. La Constitución Política de la Ciudad de México respalda el derecho a una vivienda adecuada, un aspecto vital en la discusión actual.
Además, Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destaca que entre 2010 y 2015 se registraron 8.6 desalojos diarios en la ciudad. En este contexto, se han planteado contribuir en la planificación urbana desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo que la propiedad privada no puede usurpar las obligaciones que tienen las autoridades hacia los ciudadanos.
La propuesta de acción del gobierno aún carece de detalles específicos, pero se han vislumbrado algunos puntos clave. Se prevé que el Poder Judicial notifique a la Secretaría de Gobierno sobre cualquier desalojo, se instituyan mesas de conciliación entre ocupantes y propietarios, y se invite a la Comisión de Derechos Humanos a supervisar el proceso. Asimismo, se revisará el papel de los colaboradores en los desalojos.
Por último, la propuesta incluye la creación de alternativas para los desalojados. Inti Muñoz Santini, secretario de Vivienda, ha señalado que se otorgarán apoyos de más de 4,000 pesos mensuales para el alquiler durante un periodo inicial de seis meses. Además, se están realizando gestiones para que el Instituto de Vivienda (INVI) adquiera los inmuebles desalojados y pueda implementar proyectos en beneficio de los habitantes afectados. Desde el primer día, se ha trabajado para garantizar alojamiento temporal a las familias desplazadas.
Este contexto revela la complejidad de la situación de desalojo en la CDMX, donde las dinámicas del urbanismo, el derecho a la vivienda, y los derechos humanos se cruzan, sucediendo en un escenario donde las reformas propuestas podrían marcar un cambio significativo en la política de vivienda en la capital.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
