El Gobierno quiere que los alumnos inscritos en la Formación Profesional Superior puedan cursar materias optativas en las facultades, y viceversa, que los universitarios puedan desplazarse a los institutos que ofrecen una preparación muy práctica. Así se contempla en el anteproyecto de ley de FP que ultima el Ejecutivo y que pasará pronto por el Consejo de Ministros. Para ello, las universidades y los gobiernos autónomos, que gestionan los centros de FP, firmarán convenios, si el texto sale adelante en el Congreso, donde no se prevé que suscite la controversia que generó la ley Celaá. En la actualidad, tras superar el bachillerato, el sistema divide a los alumnos de la educación terciaria ―carrera o grados de FP Superior― en dos sistemas impermeables que solo confluyen en el momento de la convalidación de materias para saltar de una enseñanza a otra. De los 1.309.762 universitarios que ingresaron el curso pasado, el 10,5% (137.525) provenía de FP.
El sistema es actualmente la antítesis de lo que se reclama en una sociedad que requiere conocimientos transversales y multidisciplinares. Por eso la Ley de Formación Profesional ―también la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) abordará el encaje― busca tender puentes entre los campus y los institutos, y eso incluye la colaboración entre los profesores, uso compartido de instalaciones o mayores facilidades en las convalidaciones. En Portugal existen, incluso, titulaciones que los alumnos inician en los institutos de FP y finalizan en una facultad. La norma que prepara el Gobierno siembra una simiente, pero no va tan lejos.
El contenido de los estudios de FP es desde 1990 prefijado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las autonomías pueden añadir pero no modificar la materia. Con el nuevo currículo, aparecen las optativas acordes al interés de cada estudiante, pero habrá que seguir aprobando las asignaturas nucleares. Estos cimientos, sin los que no se pueden entender las materias de libre elección, son los que permiten que el título de FP sea reconocido en el marco europeo. El International Institute for Applied Systems Analysis calcula que si España quiere ser competitiva debería pasar de tener un 26% de graduados universitarios a un 38% antes de 2050 y en FP Superior, de un 11% al 17%.
Para crear cualquier grado de FP, el ministerio consulta ―por este orden― a los directivos de las empresas, que ponen encima de la mesa sus necesidades; a los trabajadores, que explican cómo y en cuánto tiempo hacen la labor, los gastos o los ingresos; y a los profesores, que deben enseñar las destrezas en el aula. Por tanto, es una enseñanza muy práctica y diferente a la de la universidad, que gravita en torno a los grandes saberes, aunque ya comienza a mirar hacia la empleabilidad por la presión de los estudiantes y el mercado.
Por contra, para los estudiantes de la FP Superior ―que hasta ahora no han tenido oportunidad de elegir materias optativas y pueden acceder también desde un grado medio de FP― puede resultar atractivo profundizar más en un determinado tema en la universidad. Por ejemplo, un alumno del grado superior de Administración y Finanzas tendría la posibilidad de aumentar sus conocimientos en microeconomía; o el de Caracterización y Maquillaje Profesional, sobre dermatología. El articulado de la ley no establece un porcentaje máximo de materias que se puedan cursar en aulas de la otra modalidad.
La nueva norma pretende crear un “marco de cooperación” con el que se pretende dar seguridad jurídica y el mismo valor a todas las enseñanzas. “Las Administraciones educativas y las universidades promoverán el reconocimiento mutuo, en calidad de créditos (…) para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos”, se apunta en el anteproyecto, al que ha accedido. Aunque con la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) se estableció que un grado de FP Superior constaba de 120 créditos y una carrera universitaria de 240, la Administración no profundizó en el tema y hoy una facultad puede convalidar seis asignaturas de FP y otra facultad de la misma carrera solo dos.
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El sistema de acceso de un graduado en FP Superior a la universidad no varía, le basta con que le llegue la nota media del expediente en FP (sobre 10), y si aspira a un grado más exigente (hasta el 14) debe presentarse a la Selectividad. Hasta 11.600 de estos titulados trataron de subir su nota en 2019. La entrada en el sentido contrario sí cambia. Hoy Educación tiene que hacer una resolución singular, convalidar cada expediente, por lo que pretende hacer un procedimiento único.
El avance de la FP superior es imparable, empujada por su enorme tirón en el empleo. El curso pasado se inscribieron 470.810 alumnos, un 7% más que el curso anterior (30.423 personas). En su modalidad presencial predominan los hombres (54,6%), fundamentalmente matriculados en la pública (70,9%). Su empuje es tal que a través de sus fundaciones muchas universidades privadas (CEU, Alfonso X el Sabio, ESIC o Francisco de Vitoria) están abriendo ciclos de FP Superior y a buen seguro fomentarán el cruce de aulas entre sus alumnos de ambas modalidades.
La experiencia en los institutos genera innovación ―por ejemplo, en simplificar los procesos para arreglar una avería en un coche― y la intención con la ley es “desarrollar entornos integrados de trabajo conjunto entre las diferentes enseñanzas de la educación superior” ―es decir, centros de excelencia compartidos― con la intención de que exista una trasferencia de conocimiento y se optimicen los recursos. Los institutos que participen en los proyectos mantendrán la dependencia orgánica y funcional de la normativa establecida para FP. Ya hay programas conjuntos entre cátedras y centros de FP, pero sin reconocimiento oficial.
Para poner en marcha estos proyectos hace falta una partida económica. Hasta 2023 provendrá de los fondos comunitarios de recuperación aprobados para mitigar las consecuencias de la pandemia. Educación trabaja para que a partir de entonces y hasta 2027 se pueda financiar con los fondos de desarrollo regional (Feder).
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En un mundo en constante cambio es imprescindible actualizarse, y las comunidades junto al Gobierno han ideado cursos de especialización para graduados en FP Superior que han recibido muchas solicitudes de plaza ―arrancan el curso que viene―. Su intención con la nueva ley es que tengan también cabida los titulados universitarios y puedan nutrirse de las enseñanzas prácticas de la FP Superior. Su contenido irá cambiando al ritmo que avance la innovación. Por ejemplo, hay un curso de especialización en mantenimiento de coches híbridos y eléctricos y quizás en 10 años sea de pila de hidrógeno. Su duración, de entre 600 y 1.000 horas, depende del contenido.
En otoño se hará público el borrador de la LOSU, que podría incluir nueva información sobre el encaje de ambas enseñanzas, pero el Ministerio de Universidades no adelanta nada: “Hemos estado trabajando conjuntamente con Educación. Estas pasarelas nos parecen un avance positivo que hacen de nuestro sistema educativo siga adaptándose a las necesidades de la sociedad”.
