Durante la reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la voz de varios gobernadores resonó con inquietud, planteando diversas inconformidades en relación a las políticas de seguridad actuales. Uno de los puntos recurrentes fue la escasez de recursos, así como la necesidad imperante de mejorar la coordinación con el gobierno federal. En este contexto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, destacó su preocupación sobre la manera en que se presentan las estadísticas delictivas. Según sus palabras, estos datos generan percepciones distorsionadas que pueden perjudicar a estados más pequeños, mencionando un alarmante incremento del 260% en homicidios en su entidad entre 2024 y 2025.
Siguiendo este hilo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un llamado claro a la Secretaría de Hacienda para que se reconsideren los límites establecidos en la Ley de Disciplina Financiera. Este límite, que restringe el crecimiento en la contratación de policías y fiscales al índice de inflación, podría obstaculizar los esfuerzos estatales por incrementar la seguridad pública.
Desde Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla alertó sobre el preocupante aumento en la participación de delincuentes extranjeros, especialmente de nacionales venezolanos y colombianos en actividades delictivas organizadas. Su propuesta se centró en una colaboración más estrecha con el Instituto Nacional de Migración, orientada a fortalecer la seguridad en aeropuertos y terminales de autobuses.
Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González, enfatizó la necesidad de alinear los recursos municipales con las estrategias estatales. Además, resaltó la crisis en los penales a causa del aumento en las detenciones, advirtiendo que se requiere un enfoque nacional para distinguir entre delitos comunes y graves.
Mientras tanto, Samuel García, gobernador de Nuevo León, informó que, a pesar de haber reducido los delitos en un 82% en julio, la percepción de inseguridad continúa aumentando, sobre todo entre las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar. Su propuesta incluyó un programa federal para ofrecer denuncia y protección a estas mujeres.
A nivel nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio un parte de tranquilidad al asegurar que México ha registrado una reducción del 25% en homicidios dolosos durante los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, señalando que 23 entidades federativas han contribuido a esta tendencia.
En términos de las decisiones alcanzadas durante la sesión, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo, presentó un plan estructurado en tres ejes con un total de 16 acciones concretas. Estas propuestas incluyen la necesidad de aumentar la fuerza policial y ministerial a través de planes de reclutamiento que se extenderán de 2026 a 2030, así como el fortalecimiento de la profesionalización mediante la creación de academias certificadas que habrán de estar operativas para enero de 2028.
Asimismo, se anunció la intención de combatir la extorsión mediante una futura Ley General que homologará el tipo penal y permitirá la creación de fiscalías especializadas. Para enero de 2026, se implementará el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, marcando un paso importante hacia una mejora en la gestión de la seguridad pública.
En resumen, las preocupaciones de los gobernadores reflejan un panorama en el que la lucha contra la delincuencia y la inseguridad sigue siendo un desafío complejo, que demanda atención urgente y colaboración efectiva entre diferentes niveles de gobierno.
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