En un reciente desarrollo que ha captado la atención de los consumidores y responsables de la regulación en línea, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. ha anunciado que Disney deberá desembolsar 10 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver acusaciones que la vinculan con la recolección inapropiada de datos de menores en videos de YouTube destinados a un público infantil. Esta decisión se basa en la violación de la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA), que exige a las empresas la obtención del consentimiento paterno y la notificación a los padres antes de recolectar información de menores.
Según las alegaciones presentadas por la FTC, Disney no etiquetó correctamente ciertos videos en la plataforma YouTube como “Hecho para Niños”, lo que facilitó la recolección de datos y la entrega de publicidad dirigida a espectadores menores de 13 años. Este caso es parte de una creciente preocupación por cómo las empresas tecnológicas manejan la privacidad de los niños en el entorno digital.
La orden propuesta también estipula que Disney debe implementar un proceso de revisión para asegurar que los videos sean clasificados de manera correcta con la etiqueta de “Hecho para Niños”. Este requerimiento sigue a la introducción de las etiquetas mencionadas por YouTube tras un acuerdo de 2019 que se centró en las violaciones de COPPA, donde Google enfrentó una multa de 170 millones de dólares.
Además, el medio tiene antecedentes recientes, ya que en el mes anterior, Disney se vio envuelto en otro problema relacionado con la privacidad infantil, lo que subraya la urgencia de abordar estos temas en el creciente ecosistema digital infantil.
La FTC hace hincapié en la importancia de proteger la privacidad de los menores en internet, y este acuerdo con Disney representa un paso significativo hacia la responsabilidad empresarial en la recolección de datos de la población más vulnerable en línea. La vigilancia sobre las prácticas de recopilación de datos está destinada a intensificarse, ya que los reguladores buscan garantizar que las plataformas digitales respeten la normativa protectora de la privacidad infantil.
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