La renuncia de Sara Irene Herrerías Guerra como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha suscitado una serie de reacciones en el ámbito civil, particularmente en lo referido a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Diversas organizaciones han alzado la voz solicitando a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, que este proceso de designación sea no solo público, sino también transparente.
Firmado por entidades como TÉ BUSCO, Abogadas con glitter, Artículo 19, Impunidad Cero, Fundar, y la Fundación para la Justicia, un comunicado conjunto ha enfatizado la importancia de que la selección del nuevo titular se realice a través de una convocatoria abierta. Se argumenta que un escrutinio social y una metodología claramente definida son imprescindibles para garantizar que la persona designada esté capacitada para abordar la crítica situación de violaciones de derechos humanos en el país, que incluyen desapariciones forzadas, actos de tortura y ataques a defensores de derechos humanos.
Las organizaciones hicieron hincapié en la normativa existente que permite la participación ciudadana en este proceso. Según el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General de la República, los ciudadanos pueden contribuir con información relevante, lo que amplía la necesidad de establecer un procedimiento formal que garantice la idoneidad del elegido. Específicamente, se reclamó un proceso riguroso que incluya convocatorias abiertas, metodologías claras y entrevistas públicas, asegurando que se elija a la persona más adecuada para enfrentar la profunda crisis de impunidad que asola al país.
Las cifras son alarmantes: entre 2006 y 2022, se abrieron 1,455 investigaciones por desapariciones forzadas a nivel federal, de las cuales solo resultaron en 22 sentencias condenatorias. En el caso de desapariciones cometidas por particulares, de 959 investigaciones, no hubo ninguna sentencia, reflejando una impunidad del 99.1%, según Impunidad Cero.
Entre las condiciones planteadas, se sugiere que el nuevo titular de la fiscalía especializada posea conocimientos sólidos en macrocriminalidad, derechos humanos, perspectiva de género y ciencias forenses. Igualmente, se requiere la inclusión de entrevistas públicas que permitan la participación ciudadana y la justificación escrita de la decisión final basada en los resultados del proceso.
La necesidad de contar con un liderazgo que mantenga un diálogo constante con las víctimas y la sociedad civil se ha vuelto una prioridad ineludible. La trascendencia de estas decisiones no solo afecta a las instituciones, sino también a las vidas de aquellos que sufren en un contexto donde el respeto a los derechos humanos está en juego.
Es imperativo que expertos y ciudadanos se unan en esta discusión, asegurando que la próxima designación en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos cumpla con los más altos estándares de competencia y compromiso social.
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