Con la administración presidencial ya establecida durante 11 meses, el sector de telecomunicaciones en el país se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional sin precedentes. Una de las medidas más destacadas ha sido la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que se ha diseñado para coordinar políticas en materia de inclusión y digitalización.
Desde su inicio, la ATDT comenzó con un presupuesto de 3 mil millones de pesos, el cual se incrementó en un 9.5% a mediados de 2025. Esta agencia ha absorbido funciones y recursos previamente disponibles en PROMTEL, la Agencia Espacial Mexicana y la CONAMER. Un cambio significativo en este panorama es la disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que dio paso a la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). Estas modificaciones han concentrado atribuciones en el Ejecutivo federal, lo que puede generar incertidumbre en el corto plazo al restar claridad al marco regulatorio vigente y al plantear dudas sobre la autonomía de las decisiones regulatorias.
A medida que el papel del Estado en el sector se expande, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha convertido en un actor comercial clave, participando incluso en el capital de Altán, lo que potencia la capacidad gubernamental para influir en la provisión de conectividad. Aunque esta intervención puede resultar en una mayor cobertura, también se hace necesario garantizar condiciones de competitividad que no desincentiven la inversión privada.
Actualmente, la cobertura de Altán, respaldada por el Estado, alcanza al 83.8% de la población, es decir, aproximadamente 94.1 millones de habitantes. Adicionalmente, programas como Conectividad para el Bienestar han logrado activar 1.6 millones de líneas, facilitando el acceso a internet y telefonía en sectores que históricamente han estado marginados. Sin embargo, esta situación se enfrenta a los altos costos del espectro radioeléctrico, que han llevado a licitaciones desiertas y a la devolución de frecuencias. A principios de 2025, la recaudación por derechos de espectro alcanzó los 17,816 millones de pesos, cifra comparable con todo lo recaudado en 2024, reflejando que México mantiene uno de los esquemas de espectro más costosos a nivel internacional, limitando así la expansión y renovación de redes móviles.
El impacto de la incertidumbre en este sector ha sido evidente, resultando en una contención inversora. En 2024, la inversión de los concesionarios fue de 43.4 mil millones de pesos, lo que representa una disminución del 26.7% respecto a 2023. La inversión extranjera directa también se vio afectada, pasando de un saldo positivo de 257.9 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 a uno negativo de 82.1 millones en 2025.
Pese a estas dificultades, se han registrado avances notables en conectividad. El número total de internautas superó los 100 millones en 2024, mientras que el mercado móvil alcanzó las 156.5 millones de líneas activas, lo cual equivale a una adopción del 120.8% entre la población total.
El primer año del actual gobierno presenta un balance mixto. Por un lado, hay un crecimiento en el número de usuarios y servicios, así como un dinamismo renovado en los ingresos de los operadores; por otro, una continua caída en la inversión debido a los costos del espectro y a la falta de definiciones claras en el ámbito regulatorio.
De cara al futuro, los retos son claros y requieren atención. Es esencial restaurar la confianza de los inversores mediante un marco regulatorio que sea claro y competitivo, redefinir la política de espectro hacia criterios que prioricen la flexibilidad y no solo la recaudación, asegurar condiciones de competencia justa ante la creciente participación estatal, y fomentar la asequibilidad de dispositivos y servicios para las poblaciones de menores ingresos. La administración en curso enfrenta la crucial disyuntiva de establecer un sólido marco digital que propicie la inclusión social mientras se incentiva la inversión privada, o el riesgo de mantener un modelo restrictivo que, aunque ofrezca avances inmediatos, podría llevar a un estancamiento estructural a largo plazo.
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