Una operación conjunta entre las fuerzas de Ecuador y Bélgica, en colaboración con Europol, resultó en la detención de 12 personas en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, como parte de un esfuerzo significativo contra el tráfico de drogas destinado a Europa. En esta operación, lanzada recientemente, se incautaron 9,3 toneladas de cocaína, tres vehículos blindados, cinco armas de fuego, siete dispositivos electrónicos y 27,000 dólares en efectivo. De los arrestados, 11 son ecuatorianos y uno tiene nacionalidad serbia.
Los investigadores han desvelado que los narcotraficantes empleaban un sofisticado ‘modus operandi’ que incluía la contratación de empresas de seguridad privadas. Estas compañías no solo reclutaban a individuos ya asociados con la mafia, sino que también facilitaban la colocación de estos en posiciones clave dentro de los puertos ecuatorianos. A través de este entramado, las organizaciones delictivas conseguían adquirir armamento y vehículos blindados, que posteriormente caían en manos de diversas bandas paramilitares operando en el país.
Ecuador enfrenta un alarmante incremento en sus niveles de criminalidad. En el primer semestre de 2025, el país registró 4,619 homicidios, lo que representa un aumento del 47% en comparación con el año anterior, según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. En particular, la provincia de Guayas, donde se sitúa Guayaquil, experimentó una tasa de 47.81 homicidios por cada 100,000 habitantes, colocándose entre las más afectadas.
Actualmente, Ecuador ostenta la triste distinción de ser el país más violento de América Latina, con una tasa de 38 asesinatos por cada 100,000 personas. Expertos identifican varios factores detrás de esta crisis, incluidos el reclutamiento de adolescentes por parte de bandas, el debilitamiento del Estado en enfrentar problemas estructurales y la desregulación de los mercados, que ha conducido a una concentración económica en pocas manos y al surgimiento de mercados negros en sectores como la minería.
La reciente militarización del país, dictada por el presidente Daniel Noboa para abordar esta situación, ha suscitado preocupaciones por violaciones de derechos humanos. La ONG Human Rights Watch ha denunciado graves abusos por parte de las fuerzas del Ejército, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos.
Además, Noboa ha presentado un proyecto de ley ante las cortes ecuatorianas, diseñado para regular los fondos extranjeros destinados a fundaciones y ONG. Esta ley, que exige informes financieros detallados sobre los recursos y beneficiarios, ha sido comparada con legislaciones aprobadas en regímenes autoritarios como Hungría y El Salvador. Se teme que pueda ser utilizada como una herramienta para silenciar voces críticas y controlar a organizaciones opositoras, como advirtieron expertos en el tema.
La situación en Ecuador, una nación marcada por estos desafíos, continúa evolucionando y requiere atención urgente para abordar sus complejas dinámicas de violencia y control gubernamental.
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