Lo que se anticipa para la economía nacional no es alentador. En el horizonte se vislumbra lo que podría ser el segundo sexenio consecutivo en el que el PIB por habitante sufra una contracción. Este fenómeno es resultado de una economía que no logra crecer a un ritmo que supere la ya baja tasa de crecimiento de la población; incluso en el escenario más optimista, se proyecta una caída del 0.7% del PIB per cápita para este año.
Desde el inicio del sexenio pasado, se han tomado decisiones cuestionables que han dado pie a una destrucción institucional que ha desincentivado la inversión privada. La cancelación del aeropuerto en Texcoco marcó el comienzo de un periodo de reversión; a esto le siguieron proyectos de inversión pública de rentabilidad social negativa, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que no solo han mermado los recursos sino también el potencial de crecimiento del país. A estos factores se suma la inyección de más de un billón de pesos a PEMEX, una empresa que sigue siendo deficitária y cuyo problema estructural no se ha resuelto.
Particularmente en el sector eléctrico, las decisiones han llevado a discriminar la inversión privada en generación, lo que ha resultado en el uso de plantas obsoletas y contaminantes por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que la falta de inversión en redes de transmisión ha incrementado la desconfianza en el mercado energético.
En este contexto, la combinación de la destrucción de contrapesos institucionales y la caída en la inversión ha puesto a la economía en una situación delicada. La formación bruta de capital ha experimentado diez meses consecutivos de caída, y ya en junio del presente año, la inversión fija bruta se sitúa un 10.6% por debajo del máximo alcanzado en octubre de 2023. Un dato alarmante es que la inversión fija neta ha caído a tasas aún mayores, lo que sugiere que el capital de la economía se encuentra prácticamente estancado o en declive.
La preocupación se intensifica con la caída de la productividad laboral, que ha regresado a niveles de 2009. La informalidad, donde actualmente trabaja el 30% de la población ocupada, contribuye también a esta baja productividad. Este sector, dominado por pequeñas unidades de producción con alta ineficiencia, crea un lastre económico al competir deslealmente con las empresas formalmente constituidas.
El panorama se complica aún más con la calidad del servicio educativo, que se ha visto afectada por la cancelación de la reforma educativa de 2013. La crisis educativa ha llevado a un egreso de estudiantes con un bajo capital humano, lo que dificulta su integración competitiva en el mercado laboral.
Así, acumulando los efectos de estos elementos, se crea un marco institucional que parece diseñado para limitar el crecimiento económico del país, lo que incrementa la urgencia de revisar y modificar estas políticas si se quiere revertir la tendencia actual.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
