Reforma fiscal: mayor control sobre fintechs.

El Paquete Económico 2025 ha sido entregado a la Cámara de Diputados, introduciendo medidas significativas que buscan adaptar la fiscalización del sistema financiero mexicano a las realidades actuales del mercado. Una de las propuestas más destacadas es la ampliación de las facultades de revisión a instituciones financieras más allá de los bancos, incluyendo a las fintech, en un esfuerzo por reconocer la diversificación del sector.

Con esta reforma, el Código Fiscal de la Federación (CFF) incluye un notable cambio: se reemplaza la referencia exclusivamente a “estados de cuenta bancarios” por “estados de cuenta de instituciones financieras.” Este ajuste responde a la creciente necesidad de cerrar brechas de evasión fiscal en un ecosistema donde tecnologías como las fintech han adquirido un papel preponderante en la oferta de servicios financieros.

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El documento que acompaña la propuesta argumenta que el auge del comercio digital y las innovaciones tecnológicas han transformado profundamente la prestación de servicios financieros. Esta evolución ha resultado en una disminución del uso de sucursales físicas y en un aumento de las opciones disponibles a través de plataformas digitales. Por consiguiente, limitar la fiscalización únicamente a cuentas bancarias se considera inadecuado, dado que muchos contribuyentes ahora operan cuentas en instituciones como las Entidades de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), reguladas bajo la Ley Fintech.

En términos claros, la propuesta permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras cosas:

• Revisar estados de cuenta de cualquier institución financiera regulada, no restringiéndose solo a entidades bancarias.
• Solicitar información de cuentas mantenidas en fintech y otras entidades similares.
• Asumir, salvo prueba en contrario, que los depósitos en estas cuentas son ingresos susceptibles de tributos.

Este planteamiento no solo busca actualizar la legislación fiscal, sino también alinear su contenido con el marco regulatorio que reconoce las Instituciones de Tecnología Financiera desde 2018. En este contexto, se destaca que las cuentas de fondos de pago electrónico tienen su propio CLABE y constituyen una parte integral del sistema financiero nacional, por lo que merecen un tratamiento equivalente al de las cuentas bancarias.

Con estas modificaciones, el gobierno tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de información necesaria para verificar la real capacidad contributiva de quienes utilizan servicios financieros digitales, sustentando así el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.

Estos cambios reflejan la urgencia de adaptarse a un panorama financiero en rápida evolución, donde la regulación de las fintech y otros actores del sector se vuelve indispensable para fortalecer la recaudación fiscal y asegurar una mayor transparencia en las operaciones económicas de los contribuyentes.

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