Era un secreto a voces que, recientemente, ha sido ratificado de manera abierta por el gobierno mexicano: Petróleos Mexicanos (Pemex) representa una de las principales presiones para las finanzas del país. Este diagnóstico ha estado en la palestra de análisis económicos y discusiones desde hace tiempo, respaldado por informes de agencias calificadoras y expertos del ámbito bancario.
En una reciente conferencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, han señalado que el rescate financiero de Pemex está generando tensiones en el presupuesto nacional. Según la mandataria, el elevado nivel de deuda de la empresa, calificada como la “maldita deuda corrupta” por administraciones anteriores, es una herencia de los gobiernos neoliberales, específicamente los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Amador reveló que la deuda de Pemex ha crecido un 130% en la última década, aumentando de 43 mil millones a 105 mil millones de dólares. Esta situación representa un desafío considerable, dado que un 46% de los vencimientos de esa deuda debe saldarse durante el presente sexenio, incluyendo un 26% que tendrá que ser pagado entre 2025 y 2026. Para 2026, Pemex deberá desembolsar cerca de 250 mil millones de pesos, un monto equivalente a más de tres veces el costo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Sheinbaum enfatizó que estos compromisos financieros deben cumplirse, a pesar de que la deuda ha crecido en paralelo a la caída en la producción de gasolinas y diésel, que disminuyó de 718 mil a 324 mil barriles diarios entre 2012 y 2018. Aunque en el actual gobierno se han implementado estrategias para mitigar el costo financiero de Pemex, la realidad es que, hasta la fecha, la deuda no ha mostrado una reducción significativa ni se ha incrementado la producción como se había previsto.
En un giro hacia la esperanza, la presidenta expresó que confía en que Pemex pueda operar sin apoyo presupuestal hacia 2027. Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar de las millonarias inversiones y condonaciones fiscales por cerca de 2 billones de pesos, la reducción de la deuda y el incremento en la producción no han alcanzado las metas establecidas.
Las agencias calificadoras han reconocido los esfuerzos del gobierno para aliviar la carga financiera de Pemex, pero Moody’s ha alertado que la nueva asignación presupuestal de 14 mil millones de dólares también incrementa la presión sobre las proyecciones fiscales del país para 2026. Esta asignación se suma a un paquete de apoyo soberano mayor a los 30 mil millones de dólares, lo cual podría permitir reducir el saldo de la deuda de Pemex en 10 mil millones de dólares, situándolo en 100 mil millones de dólares al final de 2025.
Sin embargo, las dudas sobre la viabilidad a largo plazo de este apoyo financiero persisten, y la pregunta que queda en el aire es si Pemex podrá superar sus problemas operativos bajo el modelo actual de refinación. Expertos advierten que, si no se soluciona esta cuestión, los arreglos financieros no serán suficientes.
Por otro lado, el gobierno mexicano se prepara para imponer un arancel histórico del 50% a los automóviles procedentes de Asia, un incremento del 20% al 50%, que busca proteger la industria nacional ante la competencia desleal. Esta medida, anunciada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene como fundamento que los precios de estos vehículos en el mercado mexicano son inferiores a los precios de referencia.
Así, la situación de Pemex y las nuevas políticas arancelarias son temas que continúan generando debate y atención en el panorama económico mexicano. Las decisiones actuales tendrán un impacto significativo en el futuro inmediato y a largo plazo del país, y se espera que la administración mantenga un enfoque audaz ante los desafíos que se presenten.
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