El reciente paquete fiscal presentado por el Ejecutivo al Congreso para el año 2026 revela cifras alarmantes: un déficit fiscal de 4.1% del PIB, el más alto en los últimos 35 años, a excepción del año actual. La nueva deuda asciende a 1.4 billones de pesos, marcando un incremento del 92% respecto a 2018, desdibujando así las promesas de no endeudamiento de la administración actual.
Entre 2018 y 2025, el gasto público experimentará un aumento de 2.4 puntos porcentuales del PIB, mientras que los ingresos fiscales solo incrementarán en 0.7. A pesar de esta desproporción, el gobierno planifica un aumento adicional del 0.6 en el gasto para 2026, contrastando con una expectativa de mayores ingresos de 1.3 puntos porcentuales.
La Ley de Ingresos para 2026 anticipa recursos del erario del 22.5% del PIB, 6.3% más que en 2025. Sin embargo, esta cifra podría ser optimista debido a dos factores clave: primero, se basa en una proyección de crecimiento del PIB del 2.3%, que podría ser inferior; y segundo, se confía en ingresos adicionales por medidas fiscales que podrían no materializarse.
Es importante señalar que la ley de ingresos es solo una estimación, y su aprobación es incierta. En cambio, el gasto es más rígido, dado que se legisla a través del decreto de presupuesto, haciendo difícil su ajuste en caso de necesitarse un equilibrio fiscal. Esto se evidenció en el presente año, donde el déficit programado de 3.9% se ajustó posteriormente a 4.3%.
El crecimiento del gasto público para 2026 es significativo, con un aumento del 5.9% respecto a 2025, alcanzando el 26.1% del PIB, lo que incrementa el riesgo fiscal. La asignación del gasto, además, no parece priorizar el crecimiento sostenible a largo plazo. La mayoría de los recursos se destinan a programas de transferencias monetarias, dejando en segundo plano asignaciones críticas para Salud, Educación y Seguridad Pública.
Particularmente, la función de protección social del presupuesto contempla la mayoría de los programas sociales de transferencias a la población, superando las asignaciones conjuntas para Educación, Salud y Seguridad Pública, que suman solo 2.1 billones de pesos, en comparación con los 2.4 billones destinados a las transferencias.
Por otro lado, aunque se propone un aumento del 10% en la inversión física para 2026, esto aún representa un 14% menos respecto a los niveles de 2022 y 2024. La mayoría de estas inversiones se están destinando a proyectos de trenes, como el de Toluca y el Maya, mientras que la inversión en infraestructura vial, que se encuentra en condiciones críticas, apenas recibe poco más del 12% del total.
Es fundamental reflexionar sobre la lógica de priorizar nuevas inversiones en transporte sobre la urgente necesidad de mejorar y mantener la infraestructura existente. Este paquete fiscal representa un desafío significativo para el futuro económico del país, requiriendo un análisis profundo y medidas cautelosas para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.
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