El Ministerio de Comercio de China ha dado un paso significativo al anunciar la apertura de una investigación formal dirigida a las “medidas restrictivas” que planea implementar el Gobierno de México en el ámbito del comercio y la inversión. Esta acción se centra especialmente en los planes de incrementar los aranceles a productos provenientes de países sin tratados de libre comercio, lo que incluye al gigante asiático.
La investigación, que entra en vigor desde el 25 de septiembre, examinará las propuestas mexicanas para aumentar las tarifas a 1,463 fracciones arancelarias, así como otras restricciones impuestas en los últimos años contra bienes y capitales chinos. Este procedimiento se apoya en la Ley de Comercio Exterior de China y las regulaciones que rigen la investigación sobre obstáculos al comercio exterior.
Dentro del contexto del Paquete Económico 2026, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene intención de aplicar los aranceles máximos que permite la Organización Mundial del Comercio (OMC) a sectores estratégicos. Estos sectores abarcan desde automóviles hasta textiles, plásticos y juguetes, y la medida podría abarcar importaciones valoradas en aproximadamente 52 mil millones de dólares, lo que representa el 8.6 % del total nacional.
Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha emitido una advertencia sobre la potencial gravedad de la situación, afirmando que, si se materializan estos incrementos arancelarios, no solo sufrirían los intereses de los socios comerciales de México, incluyendo a China, sino que también afectarían drásticamente la certidumbre en el entorno de negocios de México, poniendo en riesgo la confianza de las empresas extranjeras que desean invertir en el país.
El Gobierno chino ha hecho hincapié en que, en un contexto internacional cada vez más marcado por la imposición de gravámenes, es crucial que los países se unan contra el unilateralismo y el proteccionismo, salvaguardando a la vez los intereses de terceros.
La investigación contará con un plazo inicial de seis meses, que puede ampliarse hasta nueve en caso de circunstancias excepcionales. Durante este período, el ministerio podrá colectar información a través de cuestionarios, audiencias e inspecciones, otorgando a las partes interesadas un plazo de 20 días para presentar sus observaciones iniciales.
Con esta decisión, Pekín enfatiza su compromiso con la protección de los derechos e intereses legítimos de sus industrias, en un escenario que podría reconfigurar las dinámicas comerciales entre México y China.
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