La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha tomado la decisión de realizar ajustes en su programa de subastas de valores gubernamentales para el cuarto trimestre de 2025, que dará inicio el 1 de octubre. Este movimiento se produce en un contexto marcado por una alta incertidumbre debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Este plan tiene como objetivo principal fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país y garantizar condiciones de financiamiento estables y previsibles, asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo. En un entorno económico tan incierto, la dependencia del Gobierno mexicano busca adaptarse a las circunstancias desafiantes mediante un enfoque proactivo.
A lo largo del trimestre, las subastas se estructurarán de la siguiente manera: los certificados de la Tesorería, conocidos como Cetes, con plazos de 28, 91 y 182 días, se llevarán a cabo semanalmente, mientras que las subastas de los Cetes a 1 y 2 años se realizarán cada quince días. Se prevé que el rango semanal para estas subastas oscile entre 5 mil y 20 mil millones de pesos.
En cuanto a los Bonos de Desarrollo del Gobierno federal (Bondes F), se ha decidido reducir los montos de subasta para los plazos de 1 a 5 años, con una frecuencia quincenal para la mayoría de ellos, y subastas mensuales para los plazos de 7 y 10 años. En el caso de los Bonos M, que son instrumentos a tasa fija con plazos más largos, se disminuirá el monto de colocación en los plazos de 5 años, aunque el bono a 10 años verá un incremento en su colocación.
Los Udibonos, que están indexados a la inflación y denominados en Unidades de Inversión (Udi), también sufrirán recortes en las subastas de 3 y 10 años, manteniendo la estabilidad en los plazos de 20 y 30 años. A través de esta estrategia, la Secretaría de Hacienda reafirma su compromiso con una política de deuda pública que es tanto proactiva como fiscalmente responsable.
El enfoque general está orientado a atender de manera eficiente las necesidades de financiamiento del sector público, priorizando la gestión del financiamiento en el mercado local y enfatizando un compromiso con un endeudamiento público ordenado y sostenido. La dependencia también hará un seguimiento de las condiciones del mercado financiero, con la capacidad de realizar ajustes si la situación lo exige.
La información presentada se basa en datos disponibles hasta el 26 de septiembre de 2025. Es fundamental que los inversionistas y otros interesados en el ámbito económico estén al tanto de estos cambios y su posible impacto en el escenario financiero del país. En tiempos de volatilidad, la capacidad de adaptación del Gobierno y su enfoque en la sostenibilidad fiscal será crucial para mantener la estabilidad económica.
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