A 16 años de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el panorama de las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la reinserción social en México es alarmante. Según un informe realizado por Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero, las condiciones de las policías, fiscalías y centros penitenciarios estatales están en decayendo, evidenciando un grave rezago en aspectos fundamentales como la profesionalización, la disciplina, la seguridad social y la transparencia.
El informe destaca que la debilidad estructural de estas instituciones es un factor clave que alimenta la inseguridad, la impunidad y la creciente militarización en el país. Los datos son reveladores: casi la mitad de las policías estatales no cuenta con un sistema profesional de carrera, y su infraestructura de formación es insuficiente. Además, se observa que la mayoría no evalúa sus necesidades de capacitación ni documenta adecuadamente la planeación de sus programas académicos.
Asael Nuche, coordinador del proyecto, señala que se está ante una “opacidad sistemática”, en la que las instituciones actúan como auténticas “cajas negras”, dificultando el acceso a información crucial sobre sus operaciones. Este fenómeno se extiende a las fiscalías, donde la autonomía es descrita como “una etiqueta sin sustento”; los métodos de designación y remoción de fiscales siguen permitiendo la injerencia de los Ejecutivos estatales. Aunque se identifican algunos esfuerzos por mejorar la capacitación, subsisten vacíos preocupantes tanto en la formación básica como en la actualización de los funcionarios.
Catalina Kühne, directora Ejecutiva de Impunidad Cero, indica que en cinco estados, los fiscales son nombrados directamente por el Ejecutivo estatal, lo cual compromete gravemente la independencia del sistema. Por otro lado, entidades como la Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa implementan modelos mixtos de designación, integrando a instancias externas consideradas mejores prácticas.
El diagnóstico de los centros penitenciarios no es menos preocupante. El informe revela una alarmante falta de autonomía técnica y presupuestaria; la mayoría de estos centros dependen directamente de las secretarías de seguridad estatal. En 22 entidades no existe una ley especializada en el ámbito penitenciario, y 13 estados no cuentan con certificación internacional para sus instalaciones. Lizeth Montejano, coordinadora de Investigación Social en Perteneces, explica que solo cinco entidades han proporcionado un catálogo de puestos, lo que limita el conocimiento sobre las trayectorias de desarrollo profesional del personal penitenciario.
Esta radiografía del estado actual de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en México pone de manifiesto la urgencia de reformas significativas que fortalezcan sus capacidades, transparenten sus procesos y garanticen un servicio efectivo y profesional a la sociedad. La información presentada corresponde a la fecha de publicación original del informe, 30 de septiembre de 2025.
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