Los disturbios en Madagascar han escalado notablemente tras la reciente destitución del primer ministro Christian Ntsay y su gabinete por parte del presidente Andry Rajoelina. A pesar de las crecientes demandas de renuncia y el tumulto social, Rajoelina se mantiene en el poder sin señales de retroceso.
Las protestas se iniciaron el jueves y se han visto avivadas por problemas crónicos de cortes de electricidad y escasez de agua. Las redes sociales han jugado un papel crucial en la organización de estas manifestaciones, que reflejan un malestar profundo hacia la pobreza generalizada y la deficiencia en los servicios públicos. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas ha lamentado que al menos 22 personas hayan muerto en los enfrentamientos, señalando la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las autoridades locales han cuestionado estas cifras, sin ofrecer alternativas.
La situación es crítica, con un toque de queda nocturno vigente en Antananarivo y otras ciudades, lo que subraya la tensión en el país. Madagascar, con una población de 31 millones, ha visto cómo la pobreza urbana ha aumentado dramáticamente en los últimos años. La frustración ahora se dirige hacia Rajoelina, quien lleva en el poder desde 2019 después de ser reelegido el año pasado en una votación controvertida.
Este contexto presenta a Madagascar en una encrucijada difícil, mientras los ciudadanos exigen mejores condiciones de vida y respuestas efectivas de su gobierno. El futuro del país dependerá no solo de la capacidad de Rajoelina para manejar esta crisis, sino también de la respuesta del pueblo ante un sistema que parece no satisfacer sus necesidades más básicas.
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