A pesar de que en México se ha registrado una significativa reducción en los homicidios dolosos de niños, niñas y adolescentes, pasando de 634 casos entre enero y agosto de 2024 a 517 en el mismo periodo de 2025 (una disminución del 18.5%), ocho entidades del país presentan un panorama alarmante al romper esta tendencia a la baja. Según un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa destaca con un incremento extraordinario del 925% en estos crímenes, aumentando de cuatro a 41 víctimas en el periodo analizado.
Otros estados también muestran aumentos preocupantes: Aguascalientes con un 200%, Querétaro con 67%, Morelos con 38%, San Luis Potosí con 10%, y Guerrero con un 8%. Asimismo, Baja California Sur y Yucatán, que no reportaron homicidios de menores el año anterior, han contabilizado este año tres y una víctima, respectivamente.
El panorama actual revela que Guanajuato ocupa el primer lugar en homicidios dolosos de menores, con 87 casos, lo que representa el 16.8% del total nacional. Le siguen Michoacán con 45 y Sinaloa con 41, concentrando juntas más de un tercio de los homicidios infantiles en todo el país. En contraste, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán registraron solo una víctima cada uno, mientras que Durango no reportó ningún caso.
Del total de homicidios dolosos en 2025, 411 fueron perpetrados con armas de fuego, lo que representa el 79.5%. También se registraron 68 casos con “otro elemento” y 32 con armas blancas, mientras que en seis casos no se especificó el medio utilizado. La mayoría de las víctimas fueron hombres (440), en comparación con 77 mujeres.
Diversos especialistas han señalado que las preocupantes cifras se deben a fallas estructurales en la estrategia de seguridad, disputas criminales y un alto nivel de impunidad. Tania Ramírez, directora de Redim, destaca que la violencia contra la infancia es un fenómeno multifactorial y alerta que “si no hay consecuencias, los crímenes se perpetúan”. La situación en Sinaloa se vincula a la intensificación de la violencia por luchas entre grupos del crimen organizado, mientras que en Morelos podría haber un subregistro histórico de casos. Guerrero, por su parte, evidencia un patrón estructural de violencia arraigada.
Además, se identifica un fuerte adultocentrismo que estigmatiza a los adolescentes, con ideas preconcebidas que tienden a culparles, a pesar de que son víctimas que merecen protección estatal. Nancy Angélica Canjura Luna, de Causa en Común, menciona que tras estos homicidios se esconden causas estructurales como la pobreza, la descomposición familiar y la influencia de las redes sociales. Éstas no solo facilitan el acoso digital, sino que pueden radicalizar a los jóvenes en cuestiones de género y relaciones, creando nuevos tipos de victimarios.
Las consecuencias de vivir en entornos violentos dejan huellas psicológicas profundas en los niños y adolescentes, quienes desarrollan una percepción de indefensión y consideran la violencia como parte de la normalidad. Los especialistas coinciden en que revertir esta crisis requiere acciones inmediatas y estructurales. Entre las medidas urgentes se encuentran la eliminación de armas de fuego en manos civiles, el fortalecimiento de políticas educativas sobre resolución pacífica de conflictos y la garantía de condiciones dignas de vida, como alimentación, vivienda y educación, para reducir la vulnerabilidad estructural de estas poblaciones.
Esta información es un llamado a la reflexión sobre la preocupante situación de seguridad infantil en México y subraya la necesidad de un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
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