La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso significativo en el panorama de las telecomunicaciones en México al designar a la abogada Norma Solano Rodríguez como primera comisionada presidenta de la recién constituida Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este cambio se produce justo cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha sido oficialmente disuelto, marcando el inicio de una nueva era en la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.
El anuncio se hizo público el 17 de octubre de 2025, después de la entrega formal de labores entre los plenos de ambas instituciones. Este acto no solo representa un cambio de nombres, sino un nuevo marco legal que busca transformar un sector que genera anualmente alrededor de 35,000 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 4% del PIB mexicano. Este sector, además, sostiene cerca de 300,000 empleos directos y proporciona servicios a 185 millones de accesos telefónicos, tanto fijos como móviles, abarcando alrededor de 25 millones de hogares en México.
Desde la entrada en vigor de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que sustituye la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) instaurada tras la reforma de 2013, se han establecido cambios estructurales. Entre ellos se encuentra la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), la cual asumirá funciones regulatorias en competencia económica, un aspecto clave para garantizar un mercado justo en las telecomunicaciones y los mercados digitales.
La CRT, que consta de un pleno de cinco comisionados, tiene el desafío de reactivar los trámites regulatorios y conformar su reglamento interno en un tiempo limitado. Desde este 17 de octubre, inicia un periodo de 15 días hábiles en el que se suspenderán ciertos trámites, además de un periodo de 180 días naturales para que la CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones lancen la esperada licitación de radiofrecuencias, que podría marcar el inicio de la subasta de 5G en México.
Un aspecto polémico y relevante es la regulación de la identificación de líneas móviles, un asunto que ha sido denominado por algunos como “ley espía”. Esta medida tiene 120 días hábiles para ser implementada, lo que ha suscitado inquietudes en la ciudadanía sobre la privacidad y seguridad de los datos.
El primer pleno de la CRT está conformado por Norma Solano Rodríguez, Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay y Tania Villa Trápala, quien posee reconocimiento internacional en la industria. Sin embargo, se ha señalado una falta de perfiles económicos en el grupo, algo que los observadores consideran esencial para regular efectivamente un sector con altos ingresos económicos.
La CRT enfrenta el reto de mantener su independencia operativa dentro del poder ejecutivo mientras gestiona un mercado en el que el Estado también actúa como un importante operador. La integración de la ATDT con la CRT establece un modelo donde el gobierno se convierte en un actor multifacético en la política pública, el regulación y la inversión.
A medida que la CRT establece su dirección y protocolos, tanto la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México como la Asociación Latinoamericana de Internet han expresado su expectativa de ver un marco regulatorio que fomente la innovación y la transparencia, un contexto que podría definir los próximos años del sector en el país.
La inauguración de la CRT señala no solo la culminación de un proceso de reforma, sino el inicio de una nueva etapa que requiere atención por parte de todos los actores involucrados en el ámbito de las telecomunicaciones, un sector crucial para el desarrollo social y económico de México.
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