México se enfrenta a un panorama fiscal preocupante cuyo origen parece estar intrínsecamente vinculado al modelo de gobernanza actual. En 2024, el país reportó un déficit sin precedentes del 6% del PIB, mientras que para 2025 se proyecta un déficit de aproximadamente 4%. Esto representa un aumento alarmante en la deuda nacional, que ya supera los 18 billones de pesos, o más del 54% del PIB, un salto significativo desde los 10 billones de pesos en 2018.
Una de las raíces de este déficit es la limitación en la recaudación fiscal, exacerbada por una alta tasa de informalidad laboral en el país. Más del 55% de los trabajadores en México opera en la economía informal, lo que se traduce en una capacidad recaudatoria limitada, puesto que el gobierno apenas recauda un 23% del PIB. Para colmo, los gastos públicos seguirán incrementando, superando los 10 billones de pesos para 2026. Entre estos gastos, las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, absorberán cerca de 2.3 billones de pesos, además de crecer con subsidios masivos y programas clientelistas que son vitales para mantener el apoyo político del régimen.
Hoy, la situación ha llevado a la implementación de un déficit estructural, que anualmente aumenta el nivel de deuda y complica la viabilidad del sistema fiscal. Las soluciones que se vislumbran son inquietantes: recortes drásticos a servicios esenciales como educación y salud, un endeudamiento que podría volverse insostenible, o aumentos significativos en los impuestos al consumo, específicamente el IVA o el ISR. Sin embargo, elevar el IVA, incluso a alimentos y medicinas, podría ser un paso riesgoso para la administración actual.
Por la presión económica, el gobierno ha comenzado a explorar nuevos impuestos sobre ciertos sectores, incluidos ahorradores y empresas de alto ingreso. Una propuesta que ha cobrado popularidad es la aplicación de un impuesto sobre la riqueza, similar al Impuesto Zucman, que se centra en los “superricos” que posean patrimonios de más de 100 o 1,000 millones de dólares. Esta medida buscaría que estos contribuyentes paguen un 2% de su fortuna anualmente, pero plantea interrogantes sobre la viabilidad de su ejecución.
La implementación efectiva de un impuesto patrimonial conlleva numerosos desafíos, desde la dificultad de valorar activos no cotizados hasta el riesgo de que los contribuyentes encuentren formas de eludir el gravamen a través de la mudanza a otras jurisdicciones o el uso de intermediarios y vehículos financieros. Adicionalmente, en diversos países han surgido problemas en torno a la constitucionalidad de este tipo de impuestos, considerándolos discriminatorios.
No obstante, la crisis fiscal que enfrenta México no es algo que se pueda minimizar. Las opciones disponibles se perciben como soluciones temporales que, si se implementan, podrían afectar adversamente a la inversión y al clima de certeza jurídica. Históricamente, impuestos patrimoniales han sido suspendidos o limitados en varias naciones debido a sus desventajas.
A medida que se desarrollan estos acontecimientos, queda claro que las soluciones requeridas son complejas y el futuro fiscal del país sigue siendo motivo de preocupación e incertidumbre.
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