Aprobada la ley de ingresos 2026

El Paquete Económico 2026 ha sido recientemente aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, con ingresos que superan los 10 billones de pesos, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la narrativa oficial sostiene que “no habrá nuevos impuestos para contribuyentes”, la realidad de la fiscalidad nacional es más compleja y matizada.

La estrategia del gobierno se basa en una recaudación selectiva, en la que algunos gravámenes pueden ser disimulados como medidas de salud pública o control fiscal extremo. Si bien no se proponen grandes cambios al Impuesto sobre la Renta (ISR) o al Impuesto al Valor Agregado (IVA), los ajustes impactarán de manera significativa en el bolsillo de los consumidores y en la liquidez de miles de pequeñas y medianas empresas digitales. La administración también apuesta por una fiscalización draconiana a fin de ampliar la base tributaria, lo que ha generado preocupación en diversos sectores económicos.

Entre los cambios más controversiales se encuentra el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este incremento, que afecta a bebidas azucaradas y al tabaco, fue aprobado por los diputados de Morena y sus aliados bajo el pretexto de mejorar los hábitos de salud de la población. No solo se elevará el IEPS para los refrescos, sino que también se incluirán sueros y bebidas rehidratantes que no cumplen con estándares específicos, promovidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se establece una nueva tasa del 8% para la venta de videojuegos con contenido violento o sexual, que también busca disuadir el consumo y generar ingresos adicionales para el presupuesto.

Otra de las medidas que marcará un punto de inflexión en la fiscalización es la regulación del comercio digital. Las reformas al Código Fiscal de la Federación otorgan nuevas y amplias facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Una de las principales modificaciones se refiere a las plataformas digitales, donde para las personas morales que vendan bienes o presten servicios, se requiere una retención del 50% del IVA si tienen Registro Federal de Contribuyentes (RFC). En caso de no proporcionar dicha clave, la retención se eleva al 100%. Por otro lado, para las personas físicas, la tasa de retención del ISR aumentará del 1% al 2.5%, un significativo incremento que busca combatir la evasión fiscal, pero que también ha suscitado inquietud entre los comerciantes por la reducción de liquidez inmediata y la carga administrativa que asumirán las pequeñas empresas digitales.

Este conjunto de medidas, aunque justificado por la intención de combatir la evasión fiscal y mejorar la salud pública, podría tener efectos adversos sobre la economía de las mipymes y el impacto en el consumo general. Así, el Paquete Económico 2026 plantea una serie de desafíos y adaptaciones en el panorama fiscal de México, que podría reconfigurar el entorno empresarial en los próximos años.

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