El año pasado, el gobierno federal incrementó significativamente las transferencias a Petróleos Mexicanos (Pemex), una de las empresas más endeudadas del mundo. Según el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, presentado recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Pemex recibió 11,509 millones de pesos adicionales a lo aprobado en su presupuesto original. Este incremento llevó el total de transferencias a 156,509 millones de pesos, superando los 145,000 millones de pesos inicialmente presupuestados.
El informe revela que esta inyección de recursos tuvo como objetivo ayudar a Pemex a cumplir con sus obligaciones financieras. De los 385,443 millones de pesos que la empresa amortizó en 2024, el 37.6% fue cubierto por los 145,000 millones de pesos transferidos por la Secretaría de Energía.
A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el apoyo a Pemex ha sido una prioridad, acumulando más de 1 billón de pesos en transferencias. Esta cifra refleja una estrategia enfocada en rescatar a la petrolera mediante fondos destinados a financiar la construcción de la refinería Dos Bocas y a rehabilitar refinerías existentes. La organización México Evalúa detalla que parte de esta estrategia también incluyó la reducción del Derecho de Utilidad Compartida y el aplazamiento o perdón de impuestos, lo que ha llevado a una menor recaudación fiscal por parte del gobierno.
Para 2026, las proyecciones son aún más ambiciosas. Según el Paquete Económico propuesto, la línea presupuestaria para Pemex podría alcanzar los 263,500 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 86% respecto a lo aprobado este año. Este aumento está diseñado para cubrir amortizaciones de deuda y está condicionado a que Pemex mejore su balance financiero, lo que permitiría al gobierno mantener su déficit bajo control.
Este enfoque reiterado en el apoyo a la petrolera parece destinado, a largo plazo, a lograr que Pemex sea autosuficiente, siguiendo el Plan Estratégico previamente establecido. Sin embargo, la dependencia de las transferencias gubernamentales plantea interrogantes sobre la salud financiera a largo plazo de la empresa y sus implicaciones para los recursos públicos destinados a otros sectores, como salud y educación.
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