La Fiscalía del Estado de México (Edomex) ha llevado a cabo una importante acción denominada “Operación Caudal”, con la cual se han intervenido más de 160 lugares vinculados a la extracción y distribución ilegal de agua. Esta operación se ha enfocado particularmente en frenar la sobreexplotación de este recurso vital, un problema creciente en la región.
En esta operación, los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán se vieron entre los más perjudicados por el desabasto. Las afectaciones también fueron palpables en varias colonias de la alcaldía Iztapalapa, tales como San Miguel Teotongo, Santiago Acahualtepec, Santa María Aztahuacán, Santa Cruz Meyehualco, Buenavista, Tenorios, y Xalpa. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que se están tomando medidas para mitigar los inconvenientes provocados por el cierre de pozos en el Estado de México.
El contexto es alarmante; según datos del INEGI, en la Ciudad de México hay aproximadamente 2,000 purificadoras de agua, aunque esta cifra podría ser mayor debido a los numerosos rellenadores de agua que operan sin regulaciones adecuadas. Sin embargo, el problema se agrava con la existencia de grupos delictivos que están involucrados en el llamado huachicol del agua.
Según la Fiscalía, existen tres fuentes principales de donde estos grupos extraen agua para revenderla de manera ilegal, a precios mucho más altos que los del mercado legal. Utilizan métodos peligrosos, como perforar y bombear agua, a la que luego le añaden cloro para su venta. Además, hay reportes de que se han identificado tuberías oficiales de agua que son “pinchadas” para sacar el recurso y redistribuirlo, todo sin cumplir con las normas de potabilización.
La magnitud de la Operación Caudal es significativa, ya que el esfuerzo involucró la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Juntas, realizaron intervenciones en 48 municipios del Edomex, asegurando no solo varios lugares de extracción, sino también más de 250 pipas y vehículos de transporte que están presuntamente involucrados en la actividad de venta de agua ilegal.
Es esencial poner en perspectiva la gravedad del fenómeno que se está abordando. Las operaciones como estas no solo buscan combatir la ilegalidad, sino también garantizar el acceso a un recurso tan esencial como el agua, que, de no regularse adecuadamente, podría repercutir en la salud y el bienestar de miles de personas en la región. Las autoridades continúan trabajando para establecer un marco que prevenga el desabasto y garantice agua potable de calidad para todos.
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