La reciente discusión sobre la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 ha desatado una intensa controversia, especialmente debido al previsto aumento de impuestos y la alarmante proyección de deuda que podría alcanzar niveles sin precedentes. Según el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, se estima que la deuda del país, ya desbordada, ascenderá a más de 20 billones de pesos en apenas siete años de gobierno de Morena, superando la suma de la deuda acumulada a lo largo de 190 años de historia independiente de México.
Durante su intervención en el Senado el 29 de octubre de 2025, Anaya presentó datos que evidencian lo que considera una irresponsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Desde el inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se ha acelerado el endeudamiento, y con la actual administración de Claudia Sheinbaum, la situación parece lejos de estabilizarse.
Bajo el análisis de Anaya, el crecimiento de la deuda plantea preguntas críticas sobre la dirección de las finanzas públicas. Se cuestiona, por ejemplo, el destino de los 1.8 billones de pesos solicitados en el nuevo presupuesto, de los cuales se destinarían 1.6 billones para cubrir los intereses de la deuda existente, lo que plantea un panorama sombrío en cuanto a la inversión en infraestructura, salud y educación.
Una de las preocupaciones más expresadas por Anaya es que, por primera vez en la historia de México, será mayor el gasto en intereses de deuda que en inversión física. Se prevé que solo 900 mil millones de pesos se destinen a proyecto de infraestructura, mientras que sumas significativamente más altas serán dirigidas a cubrir intereses, lo que podría tener un efecto negativo a largo plazo en el desarrollo del país.
Ante este contexto, el PAN ha decidido votar en contra de la Ley de Ingresos 2026, tanto en términos generales como particulares. No obstante, su oposición enfrenta el desafío de la mayoría que mantiene Morena en el Senado, lo que limita las posibilidades de cambiar el rumbo de las políticas financieras del país.
Una reflexión que se desprende de este panorama es la necesidad de un debate más profundo sobre la manera en que los recursos nacionales son administrados y prioritizados. La situación económica actual no solo tiene implicaciones fiscales, sino que también afecta la calidad de vida de los ciudadanos y su acceso a servicios básicos como educación y salud. El futuro de México podría depender de cómo se gestione esta deuda corriente y de las decisiones tomadas en los próximos meses.
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