¿Por qué el IMSS pedirá datos biométricos?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dado un paso significativo hacia la modernización de sus trámites al anunciar la implementación de la primera fase de recopilación de datos biométricos de sus derechohabientes. Este acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre, marca el inicio de un proceso que busca mejorar la eficacia en la gestión de subsidios por incapacidad, especialmente dirigido hacia aquellos que laboran en plataformas como Uber, Didi o Rappi.

Desde el 31 de octubre, el IMSS ha incorporado un nuevo servicio en su aplicación IMSS Digital, permitiendo que la identificación de los asegurados se realice mediante datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial. Esta medida no solo pretende hacer más ágiles y seguros los procesos de pago de subsidios, sino también actualiza la manera en que se interactúa con la seguridad social en el país.

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El IMSS destacó que los datos biométricos tendrán el mismo valor jurídico que una firma autógrafa, lo que significa que las acciones realizadas por el titular de esta información serán legalmente vinculantes. De esta forma, la implementación de la obligatoriedad del uso de estas tecnologías busca robustecer la confianza y seguridad en las transacciones y subsidios relacionados con la salud laboral.

Es importante señalar que, aunque esta primera etapa se centra en trabajadores de aplicaciones, aún no se ha definido una fecha para la expansión del programa a todos los derechohabientes. Esto plantea interrogantes sobre cómo se gestionará la información y cuáles serán los pasos futuros para la inclusión de una mayor parte de la población asegurada.

Adicionalmente, se anticipa que otros cambios en la normativa de identificación biométrica, como la CURP biométrica, serán obligatorios a partir de 2026. Esto implica un compromiso del gobierno por avanzar hacia una administración más eficiente y segura en el ámbito de la seguridad social.

La introducción de datos biométricos es, sin duda, parte de una tendencia global hacia la digitalización y automatización de servicios, poniendo a México en la senda de reformas que buscan modernizar y hacer más accesibles los servicios públicos al ciudadano.

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