Aprueban nueva norma para cancelar servicios digitales

¿Alguna vez se te ha pasado la fecha de cancelar una suscripción y terminaste pagando por un servicio que ya no deseabas? Esto podría ser cosa del pasado en México, gracias a una reciente reforma aprobada por el Senado que modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor. A partir del 5 de noviembre de 2025, las empresas están obligadas a notificar a los usuarios, con al menos cinco días de anticipación, antes de renovar sus suscripciones o servicios digitales.

Esta nueva regulación busca ofrecer mayor transparencia y control al consumidor. Las preocupaciones sobre los cobros automáticos o los plazos forzosos para cancelar un servicio son comunes. Ahora, los usuarios podrán cancelar sus suscripciones, membresías o servicios con cobros automáticos de manera inmediata y sin penalizaciones. Esto brinda una importante protección al consumidor, garantizando que no se pierda dinero en pagos no deseados.

El cambio en la ley, impulsado por la senadora de Morena, Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, enfatiza que el proceso de cancelación debe ser tan sencillo como registrarse en una plataforma. La senadora subrayó que “lo fácil no puede ser solo pagar, también debe ser cancelar”.

Los puntos principales de esta reforma añaden claridad al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluyendo que el proveedor debe informar claramente sobre los cobros automáticos, así como su periodicidad, monto y fecha de cobro. Además, se requiere el consentimiento expreso del consumidor para cualquier cobro recurrente y una notificación previa a la renovación automática del servicio. Esto asegura que los usuarios tengan la oportunidad de revisar y, si lo desean, cancelar sus servicios antes de que se realice un nuevo cargo.

Si estás considerando suscribirte a servicios digitales, ya cuentas con nuevos derechos. Ante cualquier irregularidad, los consumidores pueden presentar denuncias a la Profeco, accediendo a líneas directas específicas según su ubicación. La medida representa un paso positivo hacia un comercio más justo y responsable, proporcionando a los usuarios el poder de decidir sobre sus gastos sin complicaciones ni sorpresas indeseadas.

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