Chile se dirige a las urnas con miedo.

Los chilenos se preparan para enfrentar unas elecciones presidenciales en medio de un clima de preocupación y miedo, marcado por un alarmante incremento de la delincuencia, la inmigración y la influencia del crimen organizado. Este contexto contrasta notablemente con el optimismo que prevalecía en la anterior contienda electoral, donde la esperanza de redactar una nueva Constitución dominaba el panorama.

Según datos de Ipsos, en octubre, el 63% de los consultados mencionó que la delincuencia es su principal preocupación, dejando atrás temas vitales como la economía, la salud o la educación. Este porcentaje sitúa a Chile como el segundo país más afectado entre una muestra de 30 naciones, incluyendo a México, Colombia y Sudáfrica.

A pesar de que Chile se considera uno de los países más seguros de América Latina, las cifras son alarmantes. La tasa de homicidios ha crecido significativamente, pasando de 2.32 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 6.0 en 2024. A su vez, los secuestros alcanzaron un récord histórico de 868 en 2024, con un 40% de estos delitos atribuidos a bandas organizadas. La violencia que ha emergido recientemente —tiroteos en plena calle, asesinatos por encargo y secuestros por extorsión— era casi desconocida en el país, pero ahora se ha convertido en una realidad cotidiana que ha impactado profundamente en la economía y en los hábitos de vida de los ciudadanos.

Este incremento en la criminalidad se ha producido en paralelo a un notable aumento de la migración venezolana, que pasó de 82,998 migrantes en 2017 a 669,408 en 2024, según el último censo. Esta situación ha generado reacciones fuertes en la población chilena, exacerbando tensiones en el tejido social. Una reciente encuesta de la firma Activa mostró que el 85.2% de los chilenos se siente socialmente distante de los inmigrantes venezolanos, un incremento significativo respecto al 55.2% en 2019.

Lucía Dammert, socióloga de la Universidad de Santiago especializada en crimen organizado, explica que el aumento de migrantes y la escalada de la delincuencia tras la pandemia han generado un efecto combinado en una nación que había estado casi exenta de ambos fenómenos. “No hemos superado esos shocks todavía”, afirma Dammert, subrayando que este impacto se refleja en el debate político, que parece atrapado en estas preocupaciones.

En medio de este panorama, Sushey García, una migrante venezolana que llegó a Chile en 2020, ha logrado construir una vida en el país. La posible llegada de un nuevo gobierno plantea interrogantes sobre su futuro, ya que podría enfrentarse a la deportación. “Tengo mi vida hecha acá”, comenta García, quien, a pesar de no tener papeles, se muestra optimista y desea permanecer en Chile.

El domingo, los votantes se enfrentarán a una elección crucial entre Jeannette Jara, candidata de la coalición de izquierda del Partido Comunista, y otros aspirantes de derecha, entre los que se destaca José Antonio Kast, un ultraderechista comprometido a expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Kast propone medidas drásticas, como la construcción de un muro de cinco metros de altura en las fronteras con Perú y Bolivia, con la intención de contener la migración y la delincuencia.

Los desiertos del norte de Chile se han convertido en un punto de foco crítico en esta convergencia de migración y crimen, un fenómeno que trae consigo tanto desafíos como la necesidad de una respuesta política eficaz. En este contexto, los electores chilenos deberán decidir no solo el futuro político del país, sino también cómo abordar las complejidades de un desafío social y económico cada vez más preocupante.

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