Autoridades desaprueban agresiones; 100 policías heridos

Las autoridades federales y del Gobierno de la Ciudad de México han expresado su condena ante los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado durante la marcha convocada por un grupo autodenominado Generación Z. Esta movilización, diseñada inicialmente para exigir mayor seguridad y mejores oportunidades para los jóvenes, se tornó violenta al llegar al Zócalo, resultando en un enfrentamiento que dejó decenas de lesionados, incluyendo a múltiples policías.

La marcha, que partió de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia, se vio afectada cuando un grupo de encapuchados derribó vallas de seguridad que protegen Palacio Nacional. Este acto provocó una reacción violenta de parte de algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia y a las provocaciones que amenacen la integridad de las personas. Durante los disturbios, se reportó el uso de artefactos explosivos de fabricación casera, cohetes y otros objetos lanzados contra la policía y ciudadanos en el Zócalo, lo que puso en peligro tanto a manifestantes como a transeúntes y causó daños al patrimonio histórico.

La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se encontraba en viaje oficial en Tabasco, llamó a manifestarse de manera pacífica y enfatizó que la violencia no es la solución ante desacuerdos. En sus declaraciones previas, insinuó que la marcha había sido impulsada desde el extranjero mediante bots, aunque muchos jóvenes que participaron en la protesta rechazaron esta narrativa.

La movilización atrajo a aproximadamente 17,000 asistentes, pero la llegada a la zona del Zócalo se complicó cuando un grupo violento de aproximadamente mil encapuchados atacó las vallas. La policía hizo un esfuerzo por contener la situación, utilizando extintores como respuesta a los intentos de incendio sin responder con agresiones directas. Al finalizar la jornada, se registraron 60 policías lesionados, 40 trasladados a hospitales, 20 detenidos y 20 remisiones por faltas administrativas.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, calificó como inaceptable que una marcha que aboga contra la violencia terminará en actos violentos, señalando que grupos organizados provocaron estos disturbios. Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, acusó a la oposición de involucrarse en el vandalismo para generar daños en lugares emblemáticos como Palacio Nacional y la Suprema Corte.

El despliegue policial fue considerable, contando con 800 elementos de seguridad, así como personal del Sistema de Protección Civil, bomberos y organismos de derechos humanos, que se coordinaron para seguir de cerca el desarrollo de la marcha y intentar evitar enfrentamientos. Las autoridades también notificaron a los negocios a lo largo de la ruta para minimizar las interrupciones y facilitar la reapertura tras el paso de los contingentes.

La jornada de protesta se inscribió dentro de un movimiento nacional, con manifestaciones similares en diversas ciudades, marcada por la creciente exigencia de seguridad, especialmente tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aunque la movilización comenzó de manera pacífica, la irrupción de los encapuchados generó tensiones que llevaron a una serie de reacciones encontradas entre los manifestantes, las autoridades federales y el gobierno de la capital.

En el cierre del día, tanto la Segob como la administración de la Ciudad de México reiteraron que el derecho a la libre manifestación debe ejercerse sin violencia, mientras que diversas organizaciones y participantes demandaron condiciones de seguridad pública que no criminalicen la protesta.

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