La revocación de mandato, un mecanismo de participación ciudadana de gran relevancia, fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este proceso busca otorgar al pueblo la facultad de solicitar la conclusión anticipada del mandato de un funcionario, especialmente del Poder Ejecutivo, en caso de que se pierda la confianza popular. Sin embargo, su implementación se encuentra llena de restricciones que, en la práctica, pueden hacer que este mecanismo resulte casi ineficaz.
La primera consulta de revocación de mandato en México tuvo lugar el 10 de abril de 2022, como parte de la agenda de transformación promovida por López Obrador, quien había manifestado su compromiso con la idea de que “el pueblo pone, el pueblo quita”. Este principio busca un mayor involucramiento de los ciudadanos en el proceso político, aunque ha sido objeto de críticas por la falta de claridad y los obstáculos legales que presentan los lineamientos establecidos.
Recientemente, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha propuesto una reforma constitucional que busca modificar los artículos relevantes de la Ley de Revocación de Mandato para sincronizar el mecanismo con las elecciones intermedias de 2027. Esta iniciativa ha despertado la oposición de diversos sectores, que consideran que podría ser una estrategia encubierta para facilitar las campañas de las 300 candidaturas a la Cámara de Diputados y las 17 gubernaturas que estarán en juego.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en defensa de la propuesta, argumentando que podría optimizar recursos públicos al adelantar el proceso a un año antes de lo previsto por la Constitución. Sin embargo, Sheinbaum también enfatizó la importancia de que esta reforma se discuta a fondo en el espacio público, antes de llevarla a aprobación.
Un ejemplo notable es el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, que ha manifestado su intención de someterse a la revocación de mandato en 2026. Esto convertiría a Menchaca en el primer mandatario estatal dispuesto a someterse al veredicto del pueblo. A pesar de esta disposición, la revocación de mandato en Hidalgo está sujeta a una serie de requisitos complejos. Para llevar a cabo esta consulta, es necesario reunir 236,529 apoyos ciudadanos, lo que equivale al 10% de la lista nominal del estado, con un mínimo del 3% en al menos 43 de los 84 municipios.
Según el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), la recolección de firmas está programada del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2025, y las firmas deben entregarse antes del 5 de diciembre del mismo año. Si se logra el número requerido de apoyos, la consulta podría realizarse el 26 de abril de 2026. No obstante, la participación ciudadana hasta ahora ha sido baja, lo que se atribuye a la falta de difusión y a la escasa organización de los promotores.
Con el tiempo corriendo, la revocación de mandato en Hidalgo parece desvanecerse. A pesar de las promesas de transformación social, el gobernador enfrenta críticas por no cumplir con sus compromisos de erradicar prácticas del pasado, lo que genera cuestionamientos sobre la viabilidad de su administración. De darse la revocación, el proceso podría ser un indicador del rumbo político en el estado y la disposición del pueblo para hacerse escuchar en el futuro.
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