En México, la lucha por el reconocimiento del derecho al cuidado en la Constitución sigue siendo un pendiente crucial. Desde hace cinco años, la Cámara de Diputados ha enviado al Senado una minuta que reforma los artículos 4° y 73 de la Constitución, un tema que aún no ha avanzado en el proceso legislativo. A partir del 25 de abril de 2024, esta iniciativa quedó archivada, a pesar de que los diputados federales de la LXIV Legislatura la aprobaron de forma unánime el 18 de noviembre de 2020, con 329 votos a favor. La falta de acción por parte del Senado ha llevado a que este proceso deba comenzar desde cero.
A nivel local, la situación es igualmente preocupante. En 20 de las 32 entidades federativas del país, este derecho no ha sido establecido, lo que plantea un escenario complejo para los millones de ciudadanos que dependen de cuidados y de aquellos que los proporcionan.
En la Cámara Alta, el tema sigue en discusión. Desde el 18 de septiembre del año anterior, se analiza una iniciativa del grupo parlamentario de Morena que busca establecer la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados. Este proyecto es fundamental, ya que se propone que la Política Nacional de Cuidados sea parte integral de la Política Nacional de Desarrollo Social. El objetivo es coordinar las distintas estrategias y acciones implementadas en programas de salud, educación, trabajo y seguridad social, estableciendo así un marco que garantice no solo el derecho al cuidado, sino también el reconocimiento y protección de quienes realizan estos trabajos esenciales.
El 20 de marzo de 2024, se remitió a las comisiones unidas del Senado la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social con el mismo enfoque. En este contexto, se plantea que el cuidado no debe ser visto como una responsabilidad privada, sino como un derecho público que el Estado tiene el deber de garantizar.
Con la persistencia de estas propuestas legislativas, queda en manos del Senado priorizar y acelerar este proceso. La urgencia de reconocer y legislar en torno al derecho al cuidado es evidente, no solo para la mejora de la calidad de vida de muchos mexicanos, sino también para construir una sociedad más equitativa que valore el trabajo de cuidados, muchas veces invisibilizado y que recae mayormente en las mujeres. A medida que avanzamos hacia el cierre de 2025, es crucial seguir atentos a estos desarrollos y mantener la presión para que el derecho al cuidado sea finalmente una realidad legislativa en México.
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