La desigualdad en el acceso a la salud es un tema de creciente preocupación en México, y sus efectos son alarmantes. La esperanza de vida de los mexicanos ha caído a 75.5 años, la más baja entre los países de la OCDE, y el resurgimiento de enfermedades erradicadas como el sarampión solo agrava la situación. Este declive en la salud pública está ligado a un proceso de centralización de funciones y recursos por parte del gobierno federal en los últimos siete años, lo que ha derivado en reducciones de presupuesto y en una notable escasez de medicamentos y vacunas.
Una mirada retrospectiva a la década de 1980 nos revela un enfoque diferente: la descentralización de los servicios de salud se convirtió en un pilar de las políticas públicas de aquel entonces. La estrategia buscaba otorgar a los estados mayor autonomía y capacidad de respuesta ante sus problemas de salud locales. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado drásticamente, y hoy enfrentamos un panorama desalentador.
En 2024, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) reportó la resolución de 36,111 asuntos en todo el país, una cifra minúscula comparada con los 44.5 millones de personas que no tuvieron acceso a servicios de salud. Esta discrepancia evidencia la limitada capacidad de la CONAMED para hacer frente a la crisis actual. La situación se ve aún más complicada con la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, que busca introducir la mediación como forma de resolución de conflictos, pero enfrenta un entorno de escasez de recursos.
La mediación se concibe como una herramienta valiosa para mejorar la gestión y resolución de controversias en el sector salud. Sin embargo, las condiciones precarias de los servicios públicos dejan a las comisiones estatales e incluso a la CONAMED desbordadas. Es imperativo actualizar y fortalecer los marcos normativos que rigen estas instancias, garantizando que estén suficientemente financiadas y capacitadas para abordar la ola de quejas resultantes de la falta de atención, medicamentos y vacunas.
La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, vigente desde 2024, establece un marco legal que permite abordar conflictos en la prestación de servicios de salud de forma más eficiente mediante la conciliación, mediación y arbitraje. El presupuesto de la CONAMED, que para 2025 se estima en poco más de 104 millones de pesos, enfrenta una reducción drástica del 13.6% para 2026, lo que puede limitar aún más su capacidad operativa.
La sinergia entre derecho y salud es fundamental para garantizar el bienestar de la población, y cada vez más se destaca la necesidad de contar con mecanismos efectivos y accesibles que garanticen la prevención y gestión de conflictos en este ámbito. La mediación no solo promete mejorar la atención al paciente, sino también transformar la cultura institucional hacia una medicina más empática y centrada en las necesidades de quienes requieren atención.
El futuro de la salud pública en México depende de la capacidad de sus instituciones para adaptarse a estos retos, y el fortalecimiento de los mecanismos de resolución de conflictos es un paso crucial hacia un sistema de salud más justo y accesible para todos.
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