Tres días después de involucrar al Rey en el debate político de los indultos a los independentistas condenados por sedición y malversación, la polémica por las palabras de la presidenta madrileña continúa: lejos de rectificar, Isabel Díaz Ayuso incluyó los conceptos de “trampa” y “humillación” y arrastró en sus declaraciones al líder del PP, Pablo Casado — “piensa lo mismo que yo”—. Los expertos consultados explican por qué Felipe VI no puede negarse a firmar una decisión del Gobierno y advierten del riesgo de introducir en la sociedad la posibilidad de lo contrario. No es el primer intento de presionar al Monarca por el desafío soberanista catalán, señalan, pero sí la primera vez que se hace desde dentro de un partido que ocupó el Gobierno (aunque el PP se ha apresurado a corregir públicamente a Ayuso).
“El Rey”, dice Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional, “no expresa su voluntad cuando sanciona una ley o firma un decreto. Se limita a cumplir con su papel en una monarquía parlamentaria. Tampoco es responsable de lo que firma. Plantear otra cosa es un absurdo y una falta de cultura constitucional”, añade.
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José Antonio Zarzalejos, especialista en monarquía y autor de Felipe VI, un rey en la adversidad, no cree que Ayuso haya realizado esas declaraciones por desconocimiento.
El Rey no tiene poderes ejecutivos, actúa bajo la dirección política del Gobierno. Sus intervenciones —salvo el discurso de Nochebuena, el más personal— se redactan en los ministerios competentes.
La Constitución, recuerda Solozábal, atribuye al Monarca el papel de árbitro y moderador y “símbolo de la unidad y permanencia” del Estado. A esto último se agarró Felipe VI para pronunciar, el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal en Cataluña, un discurso sobre el desafío independentista. En aquella ocasión fue el Rey quien tomó la iniciativa. Lo hizo, relata Zarzalejos, “al observar el fracaso de la gestión del Estado y al ver que el presidente [Rajoy] parecía no reaccionar ante la gravedad de los acontecimientos”. Don Felipe consultó, entre otros, a Pedro Sánchez y a Miquel Iceta, que sugirieron incluir la palabra “diálogo” en su intervención, y al propio Rajoy. “Con mayor o menor renuencia, el presidente le dio su respaldo. Si no lo hubiera hecho, no habría podido pronunciar un discurso de ese calado”, añade Zarzalejos.
