JUSTICIA COTIDIANA – DIVORCIO INCAUSADO

En los últimos años, uno de los cambios más relevantes en materia familiar ha sido la incorporación del divorcio incausado, también conocido como divorcio unilateral. Este modelo permite que cualquiera de los cónyuges pueda terminar el matrimonio sin tener que explicar motivos, probar una causa o acreditar alguna falta del otro. Basta con manifestar su deseo de ya no querer continuar con el vínculo.

A primera vista, pareciera un mecanismo moderno, ágil y respetuoso de la libertad individual. Sin embargo, cuando lo analizamos con calma —y sobre todo cuando lo aterrizamos en la vida cotidiana de las familias— descubrimos que este modelo tiene ventajas, pero también desventajas profundas, especialmente si tomamos en cuenta que durante mucho tiempo nuestro sistema jurídico protegió bajo principios sólidos el interés superior de la familia y de los hijos.

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Hoy quiero explicar, de manera sencilla y con ejemplos reales de la vida diaria, qué implica este tipo de divorcio y por qué es importante reflexionar si el derecho individual de querer terminar un matrimonio puede colocarse por encima del derecho colectivo que representa la familia como núcleo social.

Antes, para divorciarse era necesario justificar la causa: violencia, abandono del hogar, infidelidad, adicciones, entre muchas otras. Esto llevaba a procesos largos, desgastantes y llenos de confrontación.

Con la reforma del divorcio incausado, ya no se necesita nada de eso. Si una persona ya no quiere seguir casada, el juez debe decretarlo, sin preguntar por qué.

Suena práctico, y en algunos casos sí lo es. Pero también abre la puerta a efectos no deseados.

Primero que nada hablemos de lo positivo.

Imaginemos a una mujer que vive en un matrimonio lleno de tensiones, discusiones constantes o un ambiente emocionalmente dañino, pero sin una causal fuerte que antes pudiera sostener legalmente un divorcio. Con el modelo tradicional, podía tardar años en salir de ese vínculo. Con el divorcio incausado, ahora puede hacerlo sin tener que revivir episodios dolorosos frente a un juez o sin someterse a un proceso que, más que justicia, parecía castigo.

Lo mismo podría ocurrir con un hombre que desea rehacer su vida y evitar un juicio lleno de reproches. La realidad es que muchas familias vivían atrapadas en matrimonios que ya no funcionaban, y la posibilidad de terminarlos con un procedimiento más simple puede ser vista como un avance.

Además, desde el punto de vista jurídico, se evita el pleito y se apuesta por una separación más ordenada en lo legal, al menos en teoría.

Pero ahora hablemos de lo que casi nadie dice.

La facilidad del divorcio incausado también puede provocar decisiones impulsivas, tomadas en un momento de enojo o frustración. Pensemos en una pareja que tuvo una discusión fuerte un fin de semana y, sin buscar diálogo ni mediación, una de las partes acude a solicitar el divorcio. Con una firma basta para poner fin a un matrimonio que quizá solo necesitaba comunicación o acompañamiento profesional.

Otra desventaja es que este modelo debilita la figura de la familia como bien social. Antes, el Estado debía asegurarse de que, al romperse un matrimonio, la decisión respondiera a una causa seria que justificara la separación. Hoy ya no hay ese filtro, y la familia queda sujeta a la voluntad individual, aunque esa voluntad no siempre sea razonable, madura o estable.

Además, el proceso puede ser injusto cuando una parte depende económicamente de la otra. Si alguien decide divorciarse de forma súbita, puede dejar en vulnerabilidad a su pareja o a los hijos, generando un desequilibrio que el juez apenas puede corregir con medidas provisionales. La ley ha avanzado en medidas de protección, sí, pero nada sustituye la estabilidad de una familia bien estructurada.

No se trata de negar el derecho de cada persona a decidir con quién quiere compartir su vida. Eso es legítimo y necesario. Pero tampoco podemos ignorar que la familia es la célula básica de la sociedad. Lo que ocurre dentro de ella afecta a los hijos, a los adultos mayores que dependen del hogar, a la economía familiar e incluso al tejido social.

Cuando el divorcio se vuelve un trámite automático, corremos el riesgo de que el derecho individual de uno pese más que el derecho colectivo de todos los que integran ese núcleo familiar.

La pregunta ahora es: ¿estamos fortaleciendo la libertad o estamos debilitando a la familia?

El divorcio incausado no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es una herramienta. Como cualquier herramienta, funciona bien cuando se usa con responsabilidad y con sentido común. El reto está en que no vivimos en un país donde siempre prevalece la madurez emocional ni la cultura del diálogo.

Por eso es importante recordar que, aunque el derecho individual es fundamental, nunca debe colocarse por encima del derecho colectivo, especialmente cuando hablamos de la familia, donde están en juego proyectos de vida, estabilidad emocional y el futuro de quienes más necesitan protección: los hijos.

La justicia no solo se escribe en los códigos. Se escribe en nuestros hogares. Y ahí, la reflexión siempre será más valiosa que la prisa, pues ejercer justicia no solo es teoría, es vida cotidiana.