BCE impulsa euro digital entre tensiones políticas

La propuesta del euro digital ha entrado en una fase crucial, mientras las negociaciones sobre el reglamento que habilitaría al Banco Central Europeo (BCE) para emitir esta nueva moneda minorista basada en tecnología digital están en marcha. Después de cerrar la etapa de investigación en 2023, el BCE se encuentra desde 2024 en una fase de preparación técnica, que incluye pilotos con bancos europeos, pruebas de infraestructura y el diseño de una tarjeta física que facilitaría pagos offline. Esta última función es una exigencia recurrente de los Estados miembros.

Sin embargo, el avance técnico se enfrenta a una resistencia política significativa. El reglamento se ha estancado en el Parlamento Europeo, donde diversos grupos reclaman garantías adicionales en cuanto a la privacidad, límites estrictos en el acceso a datos por parte del Eurosistema y un marco legal más claro que integre la nueva moneda con el sistema bancario tradicional.

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El consenso digital está apoyando la visión del proyecto. En el primer semestre de 2023, los consumidores de la zona euro llevaron a cabo 67.000 millones de transacciones sin efectivo, lo que equivale a un crecimiento del 10.1% respecto al año anterior. Un 55% de los consumidores afirma preferir métodos digitales para realizar pagos. Sin embargo, este aumento no resuelve las interrogantes sobre la real necesidad del euro digital ni elimina las inquietudes sobre sus implicaciones sociales y financieras.

Entre los críticos se encuentra Abel Marín, socio de Marín & Mateo Abogados, quien sostiene que el euro digital se aleja del concepto que la ciudadanía asocia con el efectivo. A pesar de que el BCE lo describe como una “versión digital del efectivo”, Marín argumenta que no cumple con las características fundamentales de anonimato, libertad y tangibilidad. Para él, es simplemente un registro en una base de datos controlada, sin respaldo físico y con escasa garantía de privacidad. Además, critica la falta de una consulta pública real antes de su posible implementación, advirtiendo que imponer esta moneda sin un debate adecuado puede alterar drásticamente la relación entre el ciudadano y su dinero, lo que demandaría un nuevo contrato social.

El BCE ha afirmado que los pagos offline ofrecerán un nivel de privacidad similar al del efectivo, pero reconoce que los pagos en línea no serán anónimos. Esta disparidad ha desencadenado un intenso debate sobre la naturaleza de los datos manejados, las justificaciones para su acceso y la supervisión necesaria. Marín resume este dilema de manera contundente, advirtiendo que la intervención del Eurosistema podría dar pie a una vigilancia masiva de los hábitos de gasto de los ciudadanos. También apunta a los riesgos de ciberseguridad, haciendo eco de la posibilidad de filtraciones de datos que podrían comprometer la información financiera.

La reciente interrupción de servicios eléctricos y digitales el 28 de abril ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema financiero que depende exclusivamente de la tecnología. Este evento reveló que en caso de severas interrupciones, millones de ciudadanos quedarían sin acceso inmediato a sus fondos digitales, reforzando la necesidad de mantener el efectivo físico como un respaldo esencial.

Respecto a los efectos sobre el efectivo y el sistema bancario, los documentos internos más tempranos del BCE indicaban que una alta adopción del euro digital podría desplazar el uso del efectivo. No obstante, ante la llegada de 2025, el BCE ha optado por no ofrecer cifras concretas, subrayando que el impacto dependerá del diseño final del euro digital y del comportamiento de los consumidores. La introducción de un límite de almacenamiento de 3.000 euros ha generado tensiones, con Marín insistiendo en que aún no hay claridad sobre estos límites, lo que podría restringir la capacidad de los bancos para hacer préstamos en caso de un traslado masivo de depósitos.

Un aspecto crítico que queda por resolver es el marco legal que regule el euro digital. A diferencia del efectivo, esta nueva moneda no se encuentra contemplada en los tratados de la Unión Europea. Su introducción requeriría un reglamento que defina el control sobre la emisión, el tratamiento de datos, el nivel de privacidad garantizado y la integración en el sistema financiero existente. La falta de claridad en estos temas es una de las razones por las que el proceso se encuentra actualmente detenido en el ámbito político.

Para quienes defienden el euro digital, hay un fuerte argumento a favor de que Europa debe reaccionar frente al avance de monedas digitales como el yuan en China y las discusiones aceleradas en torno al dólar digital en Estados Unidos. Existe un temor a perder influencia monetaria a nivel internacional si la eurozona no se moderniza. Sin embargo, Marín cuestiona la necesidad genuina de esta iniciativa, sosteniendo que aunque la digitalización es una tendencia, el efectivo sigue siendo ampliamente valorado por su privacidad y facilidad de uso.

En resumen, la cuestión no solo gira en torno a la implementación técnica del euro digital, sino también a cómo se gestionará su integración en la vida cotidiana sin comprometer valores fundamentales como la privacidad y la seguridad financiera. La balanza entre modernización y protección de los derechos del ciudadano sigue siendo el dilema central en este debate.

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