En un esfuerzo por combatir los delitos digitales, el Partido Acción Nacional (PAN) ha presentado una notable iniciativa en la Cámara de Diputados que busca tipificar el uso de la inteligencia artificial (IA) en el robo de identidad como un delito grave. La propuesta, elaborada por el diputado Alan Sahir Márquez Becerra, solicita penas que oscilarían entre 4 y 10 años de prisión, junto con multas de hasta 1,000 días de salario.
La modificación legislativa plantea añadir una nueva fracción XVII al artículo 11 Bis del Código Penal Federal, creando así un marco jurídico específico para el “Robo de identidad”. Este delito se define como la obtención, posesión, uso, transferencia, reproducción o manipulación de datos personales sin el consentimiento de la persona afectada, con el fin de suplantar su identidad y obtener un beneficio indebido o causar daño. La propuesta añade que, si se utiliza inteligencia artificial para realizar fraudes, generar desinformación o desprestigiar a alguien mediante la clonación digital de su presencia física o su voz, la pena se incrementará en un 50%.
Dentro del contexto de la rápida evolución tecnológica, la iniciativa también destaca que el delito de robo de identidad hasta ahora se limitaba a la falsificación de documentos físicos. Con el avance de la tecnología, han emergido nuevas formas de fraude que requieren ser legisladas. Entre estas modalidades, se identifican diversos tipos de fraudes cibernéticos, incluidos el smishing, el phishing, el vishing y el pharming, cada uno con métodos específicos para engañar a las víctimas y obtener su información personal.
El smishing, por ejemplo, involucra el envío de mensajes de texto que incitan a las personas a visitar sitios web fraudulentos, mientras que el phishing simula ser una entidad financiera para robar datos sensibles, como contraseñas y números de tarjeta. El vishing implica el uso de llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por empleados de bancos, solicitando información privada. Por último, el pharming redirige a las víctimas a páginas falsas a través de pop-ups engañosos.
Además de estipular las penas, la iniciativa prevé que las sanciones se apliquen sin detrimento de la reparación del daño, que podría costear entre 400 y 600 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y la eliminación inmediata del contenido suplantado.
Es crucial que el marco legislativo se ajuste a las innovaciones tecnológicas que facilitan estas prácticas delictivas, asegurando así la protección de los ciudadanos en la era digital. La iniciativa ha sido enviada a la Comisión de Justicia, y su avance podría marcar un hito importante en la forma en que se enfrentan los delitos cibernéticos en México. Esta propuesta no solo busca sancionar el fraude, sino también fomentar un entorno más seguro en el uso de tecnologías y la protección de datos personales.
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