La situación del transporte en México se torna cada vez más crítica. En las últimas semanas, importantes actores del sector han alzado la voz, señalando un agudo incremento en la inseguridad y la extorsión que enfrentan día con día en las carreteras del país. Según el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el problema, ya grave durante el pasado sexenio, se ha exacerbado en la actualidad.
Un dato alarmante revela que, en promedio, una unidad de transporte es robada cada 47 minutos. Este escenario sombrío refleja no solo la desesperante realidad que viven los transportistas, sino también el alto índice de corrupción que permea el sector. Los extorsionadores, actuando con total impunidad, actualmente demandan hasta 200 mil pesos, una cifra que resulta insostenible para muchos empresarios.
La incertidumbre se extiende también al ámbito fiscal, donde una inminente reforma —conocida como la miscelánea fiscal— sigue generando inquietud entre los transportistas. La vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores del transporte es un indicador de problemas más profundos que afectan a la economía del país y, en última instancia, a todos los ciudadanos que dependen de estos servicios para el transporte de bienes y mercaderías.
Como resultado de tales condiciones adversas, diversos grupos de transportistas han contemplado movilizaciones significativas para exigir medidas más efectivas que garanticen su seguridad y la de sus unidades. Estas protestas se presentan como una llamada de atención ante la necesidad urgente de atención gubernamental.
Con el 24 de noviembre como fecha clave para tales acciones, es evidente que el sector del transporte no solo se enfrenta a un desafío logístico, sino a una crisis de seguridad que exige respuesta inmediata. Mientras tanto, la comunidad nacional observa con expectativa, esperando que se tomen las decisiones adecuadas para asegurar un entorno más seguro para todos los que trabajan en las carreteras de México.
Este artículo refleja la situación tal como se presenta hasta el 24 de noviembre de 2025, a las 06:15 horas, y destaca la urgencia de una solución efectiva que aborde las preocupaciones de un sector vital para el país.
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